De acuerdo con diversos testimonios y reportajes de investigación, durante más de una década se ha señalado públicamente a Mario Peraza como pieza clave en una de las redes más controvertidas de presunto despojo patrimonial en el sureste mexicano. Estos señalamientos, que circulan en el ámbito político y social, lo vinculan con operaciones inmobiliarias cuestionadas, supuestamente favorecidas por antiguos grupos empresariales y políticos de gran influencia en Yucatán, a quienes popularmente se les ha llamado la casta divina.
De acuerdo con versiones periodísticas, durante su paso por la Dirección del Catastro del Estado en el gobierno de Rolando Zapata Bello, Peraza habría participado —según estas acusaciones— en maniobras registrales y presuntos esquemas de tráfico de influencias que, se asegura, beneficiaron a particulares en la adquisición irregular de predios costeros. Estos señalamientos apuntan también a que, años después, ya como figura política, habría mantenido vínculos con intereses que buscan controlar terrenos de alto valor.
Asimismo, diversas versiones señalan que en la administración municipal de Telchac Puerto, encabezada por el alcalde Alfonso Núñez Erguera, se han registrado decisiones cuestionadas en materia de gestión de tierras, presuntamente bajo la influencia de su asesor jurídico Ariel Omar Herrera Flores. De acuerdo con testimonios recabados por ciudadanos inconformes, Herrera Flores habría jugado un papel relevante en decisiones administrativas que, según dichas versiones, favorecerían intereses privados en la zona costera.
En paralelo, se menciona también la incorporación del notario Carlos de la Mora Lizama, titular de la Notaría 122, a este tipo de operaciones, a quien se le atribuye la validación de actos jurídicos cuestionados por presuntos afectados. Cabe subrayar que, al momento de esta publicación, no se ha confirmado la existencia de procesos judiciales firmes en contra de las personas mencionadas, por lo que se trata de señalamientos que requieren investigación por parte de las autoridades competentes.
Organizaciones civiles y ciudadanos han hecho un llamado para que se realicen investigaciones exhaustivas, con el fin de deslindar responsabilidades y proteger el patrimonio territorial de Yucatán. El caso permanece como un tema sensible que sigue generando debate público sobre la transparencia institucional y la protección del patrimonio colectivo.
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