La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia integral destinada a atender las causas de la violencia en el estado de Michoacán, a raíz del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre.
Según explicó Sheinbaum, a partir de esta semana el gabinete federal recorrerá comunidades y municipios de Michoacán para dialogar con distintos sectores de la sociedad —pueblos originarios, mujeres, jóvenes, víctimas, sectores productivos— con el fin de recoger propuestas que permitan construir el plan “desde abajo” y presentarlo formalmente entre finales de esta semana y principios de la próxima.
El plan se estructura en tres ejes principales. El primero, Seguridad y Justicia, contempla el fortalecimiento de la presencia de fuerzas federales a través de unidades conjuntas entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades locales; la creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto; la instalación de una oficina de la Presidencia de la República en municipios de la entidad; mesas de seguridad quincenales; un sistema de alerta para presidentes municipales; y el fortalecimiento de la denuncia anónima contra la extorsión.
El segundo eje, Desarrollo Económico con Justicia, propone garantizar seguridad social y salarios dignos para jornaleros agrícolas y trabajadores del campo; impulsar inversión en infraestructura rural y la creación de polos de bienestar en coordinación con el sector productivo.
El tercer eje, Educación y Cultura para la Paz, incluye la implementación de escuelas de cultura de paz, programas de reinserción social y atención a víctimas; creación de centros comunitarios de deporte y bienestar, centros regionales de cultura y memoria, y un festival anual denominado “Voces de Michoacán”; además de becas para transporte a estudiantes universitarios y promoción del deporte comunitario.
Durante su mensaje, Sheinbaum indicó que desde el día anterior se reforzó la presencia de fuerzas federales en diversas regiones de Michoacán para “garantizar seguridad y justicia”. En ese contexto expresó su solidaridad con la familia del edil asesinado y con la población de Uruapan, al afirmar que el homicidio de Carlos Manzo “duele no sólo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país”.
El anuncio del plan ocurre en un momento de alta tensión por la violencia política y la gobernabilidad en Michoacán, lo que pone en el centro la capacidad del gobierno federal para articular acciones que atiendan tanto las manifestaciones inmediatas de inseguridad como las causas estructurales del conflicto. La estrategia planteada deja ver un enfoque de intervención estatal coordinada que combina seguridad, desarrollo social y cultura, lo que podría marcar un cambio respecto de esquemas anteriores que se centraron primordialmente en el despliegue de fuerza.
Queda por observar cómo se implementará operativamente cada uno de los ejes definidos, cuál será el presupuesto asignado, cómo se articulará con los gobiernos estatal y municipal, y con qué mecanismos de evaluación se medirá su efectividad en términos de reducción de delitos, atención a víctimas y mejora de condiciones socioeconómicas. El anuncio abre un nuevo capítulo para la política de seguridad en Michoacán.
