La Fiscalía General del Estado de Campeche ha liberado a 33 personas involucradas en un intento de toma del Palacio Legislativo durante la madrugada del martes. El grupo, acusado de causar destrozos e intentar sustraer documentos contables, fue puesto en libertad antes de que se cumplieran las 48 horas de su detención. Sin embargo, cinco individuos han sido remitidos al penal de San Francisco Kobén, enfrentando cargos graves que incluyen daños en propiedad ajena, lesiones, robo y pandillerismo.
Entre los detenidos y posteriormente liberados, se encuentran personas que, según reportes, habrían sido contratadas por las diputadas de Morena: Landy Velásquez May, Violeta Baños Rodríguez e Idalí Sosa Huchín. La situación se complica aún más con la consignación al Cereso de San Francisco Kobén de destacados miembros de Morena, incluyendo a Cynthia Valenzuela, coordinadora distrital en Ciudad del Carmen; Alfredo Velásquez, sobrino de la diputada Landy; y Uzziel Madera, asistente de la diputada Violeta.
Además, Enrique López Alvarado y Gloria Notario, ambos consejeros nacionales de Morena y parte del grupo político de Alejandro Gómez Cazarín, el ex coordinador parlamentario del partido y ex presidente de la Junta de Gobierno y Administración, también han sido enviados al penal.
El diputado Gómez Cazarín, quien recientemente fue destituido de su cargo, ha lanzado acusaciones a través de sus redes sociales contra los nueve diputados de su partido que colaboraron en su destitución, calificándolos de “facciosos, sectarios y traidores”. A pesar de no responder directamente por su destitución, ha anunciado que impugnará la decisión en los tribunales y parece contar con el apoyo de seis miembros de su bancada, que en total cuenta con 16 legisladores locales.
Este incidente ha generado una atmósfera de tensión política en Campeche, evidenciando divisiones internas dentro de Morena y planteando serias preguntas sobre la seguridad y el procedimiento legislativo en el estado. Las autoridades continúan investigando los hechos mientras el debate político y las repercusiones legales siguen su curso.
