El hallazgo del triple feminicidio que conmocionó a Argentina ha abierto una profunda herida en la conciencia social: tres jóvenes —Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez— fueron torturadas, asesinadas y sus crímenes transmitidos en vivo en una red social privada para una audiencia selecta.
Las víctimas desaparecieron tras aceptar una invitación bajo la promesa de recibir 300 dólares por asistir a una fiesta. Lo que parecía un evento festivo resultó ser una trampa mortal. Los agresores recuperaron la señal del celular de las jóvenes para rastrear su ubicación hasta una vivienda en Florencio Varela, en las afueras de Buenos Aires. Ahí las torturaron y luego las mataron; sus cuerpos fueron enterrados en bolsas de plástico en el jardín del inmueble.
El crimen fue transmitido en vivo para un grupo privado de aproximadamente cuarenta y cinco personas. “Estaban tratando de enviar un mensaje: ‘esto es lo que le pasa a quien me roba drogas’”, declaró Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense. Esa frase deja ver con crudeza la dimensión simbólica que los perpetradores quisieron dar al acto de violencia.
Las autopsias revelaron mutilaciones extremas en los cuerpos de las víctimas. A Lara, de 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de asesinarla. A Brenda la golpearon y la atacaron con un cuchillo repetidas veces hasta quitarle la vida. En el caso de Morena, las pericias revelaron que sufrió fracturas faciales, golpes múltiples y el rompimiento de la tráquea.
Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas en relación con el crimen: dos hombres y dos mujeres, todas con edades entre 18 y 28 años. Dos de los aprehendidos habrían sido contratados para encubrir la escena del crimen. Uno de los detenidos habría confesado que el crimen fue ordenado por un traficante de origen peruano como represalia.
El impacto social ha sido inmediato: manifestaciones de familiares, organizaciones feministas y colectivos de derechos humanos se replican en distintas ciudades bajo la consigna “Ni Una Menos”. Las protestas no solo reclaman justicia para las tres jóvenes, sino también una profunda reflexión sobre cómo el narcomenudeo y las redes sociales se entrelazan para difundir el terror y el dominio del crimen organizado.
La Iglesia local también ha expresado su condena. En un comunicado, la diócesis de San Justo afirmó que “cuando el Estado se vuelve ausente, permite que una cultura de destrucción y muerte crezca y avance sin control”. Además, diversos expertos advierten que el uso de violencia extrema transmitida por redes es una estrategia emergente de las organizaciones criminales para sembrar miedo y afirmar poder.
Este caso sacude los cimientos de la sociedad argentina: muestra cómo los mecanismos digitales pueden ser usados para amplificar el horror, y evidencia hasta qué punto la violencia de género y la impunidad siguen siendo problemas estructurales. En un país con una larga historia de feminicidios, este episodio pone en jaque la capacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar delitos con una dimensión simbólica tan brutal.
