La administración del presidente Donald Trump ha cancelado los contratos con decenas de organizaciones que brindaban asistencia legal a menores migrantes no acompañados, dejando a aproximadamente 30,000 niños sin representación en sus procesos de asilo.
Esta medida pone fin a una práctica de 20 años respaldada por la Ley de Protección a los Menores Migrantes No Acompañados de 2005, que garantizaba asesoría legal competente para estos niños. Sin representación, es probable que muchos enfrenten dificultades significativas en sus audiencias de inmigración, aumentando las posibilidades de deportación.
Abogados y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de esta decisión. Cristel Martínez, abogada especializada en migración, señaló: “Lo que el Gobierno está diciendo es que los niños se pueden defender solos”. Martínez y su equipo representaban a 325 menores, algunos de tan solo 11 meses de edad.
Además de cancelar los contratos, el gobierno ha amenazado con acciones legales contra los abogados que continúen litigando estos casos, lo que podría disuadir aún más la defensa legal de los menores migrantes.
Esta acción se enmarca en una serie de políticas migratorias más estrictas implementadas durante el segundo mandato de Trump, incluyendo la reactivación de centros de detención familiar y colaboraciones con países como El Salvador para deportaciones masivas.
Organizaciones de derechos humanos han condenado estas medidas, argumentando que violan los derechos fundamentales de los niños y socavan los principios de justicia y debido proceso.
