Al lamentar el enorme daño patrimonial y político que los gobernadores corruptos le hacen a sus estados, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama pidió al Poder Judicial de la Federación que establezca un precedente con el caso del ex gobernador priísta de Veracruz Javier Duarte.
Se requieren las dos cosas: la recuperación del patrimonio del pueblo de Veracruz y que se castigue de modo ejemplar a Javier Duarte y a todos sus cómplices, aseveró.
Lo más triste es la enorme herencia de deudas y retraso que puede dejar un mal gobernador en su estado, añadió. Durante este gobierno priísta, Veracruz no sólo no avanzó, sino que retrocedió. Para la población, fueron seis años perdidos. Veracruz perdió en todo sentido y esto ya no puede tolerarse.
Este martes, un grupo de senadores del PAN, incluida Rosa Adriana Díaz, pidió a la Procuraduría General de la República que se tomen medidas cautelares para evitar que Karime Macías Tubilla, la esposa del ex gobernador, se sustraiga a la acción de la justicia.
La legisladora yucateca recordó que la propia PGR ha dicho que Macías Tubilla está relacionada con probables delitos y se le atribuye haber adquirido con dinero del erario de Veracruz cuatro residencias en Houston, 3 lujosos departamentos en Torre Pelícano, en Boca del Río, y oficinas ejecutivas en Polanco.
Hay una investigación del SAT que reportaba que, desde el primer año en el gobierno de Veracruz, en 2011, la esposa del entonces mandatario gastó 8 millones de pesos en ropa, artículos y hoteles, con una tarjeta de crédito oficial, aseveró.
Como se sabe, Karime Macías se encontraba en Guatemala junto al ex gobernador de Veracruz cuando él fue detenido, pero de acuerdo con la PGR a ella no la detuvieron porque no hay petición de detención en su contra.
CUATRO DÍAS DESPUÉS
Por cierto, Rosa Adriana Díaz recordó que Javier Duarte hizo público que pediría licencia a partir del día 12 de octubre del año 2016, 48 días antes de concluir su administración.
En esa ocasión, añadió, los senadores del PAN solicitamos a la PGR que tomara medidas para que Javier Duarte no se sustrajera de la acción de la justicia. Sin embargo, lamentó, la PGR hizo caso omiso, y fue hasta el 18 de octubre de ese 2016, o sea cuatro días después, que un juez federal otorgó la orden de aprehensión, cuando él ya había huido.