Por: Joel Salas Suárez.*
El nuevo gobierno federal recibirá un
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con finanzas sanas. El IMSS informó al
Congreso que, por lo menos hasta 2030, quedó
conjurada la grave crisis financiera que le impedía cumplir con esta
responsabilidad para con sus derechohabientes que, por cierto, son más del 53%
de la población total. El IMSS no solo provee servicios de salud pública,
también debe proteger los medios de subsistencia y los servicios sociales de
sus derechohabientes, es decir, pagar pensiones y jubilaciones. Este logro ha
sido posible no solo gracias a la disciplina financiera, sino al aumento en el
número de empleos formales en el país. El reto es continuar con estos esfuerzos
mejorando la capacidad recaudatoria de cuotas obrero patronales y reduciendo
las “cuotas por cobrar” que, actualmente, se contabilizan en 37 mil 250
millones de pesos.
Cada peso que el IMSS deja de recibir es un
peso menos para financiar los servicios que debe proveer. Ya hay ciudadanos que
ya están solicitando información al respecto. La muestra es el recurso de
revisión RRA 4812/18 que resolvió el pleno del INAI recientemente. Lo
preocupante es que entre sus deudores hay instituciones públicas. Según
indicios en prensa hallados durante la sustanciación del mencionado recurso,
universidades públicas, como la Autónoma de
Nayarit y la Autónoma del
Estado de Morelos, gobiernos municipales de Zacatecas y Campeche, y hasta el gobierno de
Veracruz deben al IMSS. El INAI instruyó al IMSS
proporcionar información sobre este tipo de deudores, pero el secreto fiscal
protege lo referente a deudores privados. Dar a conocer lo que sí puede
publicarse servirá para que el IMSS demuestre que se fortalece también como autoridad
fiscal asegurándose de recibir los ingresos necesarios para cumplir con sus
responsabilidades.
El
caso puede ser trasladado a otras autoridades como el Servicio de
Administración Tributaria (SAT). El SAT es responsable de que el Estado
mexicano disponga de las recaudaciones fiscales suficientes para garantizar a
los mexicanos los bienes y servicios que materializan sus derechos
fundamentales y les permitan llevar una vida digna. La OCDE reconoció que entre 2013 y 2017 los ingresos tributarios
aumentaron 56%. Pero
México apenas recauda el 17.4% de su PIB, registra una evasión global equivalente al
2.8% del PIB y ha dejado de percibir ingresos significativos por concepto de condonaciones y
cancelaciones fiscales cuyo otorgamiento no
es transparente y beneficia a un número muy reducido de contribuyentes. Desde
2010, el INAI ha resuelto
recursos de revisión defendiendo la apertura de la información
pública sobre el tema, pero el SAT se ha rehusado a acatar.
En un país como el nuestro con importantes
retos de pobreza, desigualdad, corrupción y violencia, es imperioso que las
autoridades fiscales aseguren que dispondrán del financiamiento necesario para
implementar soluciones y dar resultados. Lo anterior cobra relevancia en el
contexto actual de cambio de gobierno federal. Los mexicanos están expectantes
de que la nueva administración cumpla con los compromisos de campaña que le
valieron el 53% de los votos en julio de 2018. Los derechohabientes del IMSS y
los beneficiarios del gasto social son los sectores de población más afectados
por los problemas ya descritos. A esto hay que agregar que la política fiscal
mexicana no es redistributiva. El INAI apoyará ejerciendo sus atribuciones para
procurar que la información pública sirva como insumo para que las autoridades
competentes y los actores relevantes interesados avancen una agenda que permita
garantizar cada uno de los derechos consagrados en la Constitución, como lo es
la salud.
*Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de
gobierno abierto y transparencia.
Twitter: @joelsas
