En un ambiente político marcado por la discusión de la reforma judicial en el Senado, Movimiento Ciudadano ha denunciado la detención del senador Daniel Barreda y su padre en Campeche, lo que ha generado una oleada de críticas por parte de su partido. Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, señaló que este acto es un claro ejemplo de la utilización de la justicia con fines políticos y acusó directamente a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de estar detrás de los arrestos.
Según Castañeda, la detención de Barreda es parte de una estrategia de intimidación política en un momento clave para el país, ya que el senador ha sido una voz activa en contra de la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una conferencia de prensa, el coordinador de Movimiento Ciudadano calificó estos hechos como “un atentado contra la libertad legislativa y los derechos políticos”. Asimismo, exigió la liberación inmediata de Barreda y su padre, haciendo un llamado al gobierno de Campeche y al propio presidente para que respeten la independencia de los poderes.
Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, intervino en el debate afirmando que había tenido contacto directo con el senador Daniel Barreda y aseguró que tanto él como su padre se encontraban en buen estado de salud y en la Ciudad de México. Esta declaración buscaba desmentir las acusaciones de detención, aunque no logró calmar la tensión dentro de Movimiento Ciudadano ni entre otros miembros de la oposición.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también negó la veracidad de las acusaciones, pero ofreció la posibilidad de enviar una comisión que verifique la situación en Campeche, en un intento por aclarar el panorama y calmar los ánimos. Este gesto fue recibido con escepticismo por parte de los miembros de Movimiento Ciudadano, quienes consideran que la acción gubernamental en este caso tiene motivaciones políticas y busca debilitar la oposición a la reforma judicial.
Este incidente ha puesto aún más presión sobre el Senado, en medio de una discusión crucial para el futuro del Poder Judicial en México. Las acusaciones de represión política y el posible uso del sistema judicial para perseguir a opositores han generado una serie de reacciones tanto dentro como fuera del ámbito legislativo, con diversas organizaciones y actores políticos exigiendo que se respete el debido proceso y la autonomía de los legisladores.
El caso de Daniel Barreda se suma a una creciente preocupación sobre el estado de la democracia y la división de poderes en México, en un momento en el que se debaten cambios trascendentales que podrían alterar el equilibrio institucional del país.
