Este martes, el gobierno de Nicaragua retiró la nacionalidad a 135 personas liberadas la semana pasada, quienes fueron calificadas como “presos políticos”. Según la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, la decisión fue amparada en leyes que defienden la soberanía y la paz del país, argumentando que estas personas incitaron la violencia y desestabilizaron el orden constitucional.
El grupo, compuesto por opositores al régimen de Daniel Ortega, fue liberado tras negociaciones con Estados Unidos y deportado a Guatemala el pasado 5 de septiembre. Entre los afectados se encuentran figuras destacadas como el periodista Víctor Ticay y el académico Freddy Quezada. Además de la pérdida de nacionalidad, las autoridades nicaragüenses han confiscado los bienes de estos individuos, justificando la medida como una forma de resarcir los supuestos daños causados al país.
La crisis política en Nicaragua, que se ha intensificado desde 2018, ha resultado en represalias contra quienes el gobierno considera opositores. Esta acción sigue la tendencia de despojar de su ciudadanía a críticos del régimen, como ocurrió en 2023 cuando 222 presos políticos fueron deportados y también privados de su nacionalidad.
