La Cámara de Diputados en México ha aprobado una reforma trascendental que reduce la edad para que los adultos mayores puedan acceder a una pensión, bajándola de 68 a 65 años. Esta medida, aprobada por unanimidad con 483 votos a favor, representa un paso importante hacia la ampliación de los derechos sociales en el país. Además, eleva a rango constitucional varios programas sociales impulsados durante la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, consolidando una política de apoyo económico directo a sectores vulnerables.
El cambio no solo amplía el número de beneficiarios al reducir la edad mínima para la pensión, sino que también asegura que estos programas se mantendrán de forma continua y con presupuestos suficientes cada año. Esta medida busca brindar estabilidad económica a millones de adultos mayores, asegurando que puedan recibir los recursos necesarios para su bienestar.
La reforma también incluye programas adicionales, como la pensión para personas con discapacidad permanente y Sembrando Vida, el cual está dirigido a apoyar a campesinos que trabajan sus tierras con cultivos sostenibles. Esto reafirma el compromiso del gobierno con el sector rural y pequeños productores, garantizando un apoyo económico y recursos como fertilizantes gratuitos y precios garantizados para productos básicos como maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es que el monto destinado a estos programas no podrá ser disminuido en términos reales, asegurando su estabilidad a largo plazo. Además, el Estado mexicano se compromete a ofrecer un jornal seguro, justo y permanente a aquellos campesinos que participan en la siembra de árboles frutales y maderables, promoviendo así prácticas agrícolas sostenibles y benéficas para el medio ambiente.
Otra modificación incluida en la reforma establece que todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda adecuada, consolidando este derecho dentro de la Constitución. También se otorgó un plazo de 180 días al Congreso para armonizar la legislación secundaria relacionada con estas modificaciones, garantizando su correcta implementación.
Esta iniciativa representa un avance significativo en la política social de México, protegiendo los derechos de los adultos mayores y otros sectores vulnerables, y reforzando la importancia de los programas de bienestar a nivel constitucional.
