Una protesta de reclusos registrada en una cárcel del suroeste de Venezuela encendió nuevamente las alertas sobre las condiciones del sistema penitenciario del país, luego de que una organización defensora de derechos de prisioneros denunciara la situación y difundiera imágenes del hecho, según reportó CNN en Español. La denuncia fue replicada en redes sociales de la cadena, donde se informó sobre una protesta en un centro penitenciario venezolano.
De acuerdo con reportes de medios que citaron imágenes difundidas por una organización no gubernamental, los internos ocuparon áreas del penal, subieron a los techos y quemaron colchones durante la protesta. En los videos se observaban mensajes como “SOS”, “Nos torturan” y “No más tortura”, mientras se elevaban columnas de humo desde el recinto.
Los reclusos denunciaron presuntos castigos, torturas y el uso de celdas de aislamiento, además de restricciones para recibir visitas de sus familiares y alimentos. Según La Jornada, los internos atribuyeron el deterioro de la situación a la llegada del director Elvis Macuare Guerrero, ocurrida una semana antes del motín, y señalaron que desde entonces se habrían registrado requisas violentas, aislamiento y maltratos.
La protesta ocurre en un contexto de creciente preocupación por la situación carcelaria en Venezuela. En abril de 2026, otro motín en la cárcel Yare III dejó cinco presos muertos, lo que motivó una investigación del Ministerio Público y nuevas denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre hacinamiento, falta de atención médica y presuntas condiciones inhumanas en centros de reclusión.
Organizaciones y familiares de detenidos han exigido en las últimas semanas respuestas de las autoridades ante denuncias de muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y presuntas violaciones de derechos humanos. Activistas también han pedido la destitución de funcionarios penitenciarios, al responsabilizarlos por el deterioro de las condiciones de reclusión y por la falta de garantías para los privados de libertad.
Hasta el momento, las denuncias difundidas por los reclusos y organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen el foco en la necesidad de una investigación oficial que determine lo ocurrido dentro del penal, verifique el estado de los internos y establezca responsabilidades en caso de confirmarse abusos.
