En Caracas, seis opositores al gobierno venezolano, refugiados desde marzo en la embajada de Argentina, denunciaron el pasado domingo la presencia prolongada de agentes de inteligencia y policías venezolanos en las inmediaciones de la sede diplomática. Esta situación ha sido calificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina como un acto de “hostigamiento e intimidación” hacia las personas asiladas.
La mayoría de los refugiados pertenecen al partido Vente Venezuela, liderado por la exlegisladora María Corina Machado. La organización política denunció “un nuevo asedio por funcionarios encapuchados” que inició la noche del sábado y se extendió hasta el domingo.
El incidente ocurrió horas después de que Machado convocara a una movilización masiva el 1 de diciembre, lo que llevó al ministro del Interior de Venezuela a acusarla de formar parte de una nueva conspiración contra el presidente Nicolás Maduro.
Vente Venezuela informó que la sede diplomática permanece sin suministro eléctrico y rodeada de vehículos oficiales que impiden el tránsito en la zona. Además, señalaron que las señales de comunicación han sido bloqueadas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina emitió un comunicado la noche del sábado, afirmando que el despliegue de efectivos armados y el cierre de calles en las inmediaciones “constituyen una perturbación de la seguridad”. Asimismo, instó a la comunidad internacional a condenar el incidente.
Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Venezuela expresó en la plataforma X su condena a los actos de hostigamiento contra los solicitantes de asilo, calificando el despliegue de fuerzas armadas y bloqueos como una “grave violación del derecho internacional”. Exigieron al régimen venezolano que respete sus obligaciones internacionales, cese las acciones intimidatorias y garantice salvoconductos seguros para los asilados.
Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela están rotas desde 2019. Los opositores ingresaron a la embajada en marzo, luego de que la Fiscalía venezolana emitiera órdenes de aprehensión, acusándolos de promover supuestos actos violentos para desestabilizar al gobierno.
En agosto, Brasil aceptó la solicitud de Argentina para custodiar su embajada, después de que el gobierno venezolano ordenara la expulsión del personal diplomático argentino tras declaraciones del presidente Javier Milei, quien afirmó que no reconocería “otro fraude” en Venezuela tras las controvertidas elecciones de julio.
Un mes después, Venezuela revocó la autorización a Brasil para custodiar la embajada, alegando tener pruebas del uso de las instalaciones para la planificación de actividades terroristas y atentados. Brasil y Argentina han rechazado dichas acusaciones.
