El expresidente panameño Ricardo Martinelli solicitó asilo político en la Embajada de Nicaragua en Panamá el 7 de febrero de 2024, argumentando persecución política y un riesgo inminente para su vida e integridad física. El gobierno nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega, concedió rápidamente el asilo, basándose en la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933.
Esta decisión se produjo pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá confirmara una condena de 10 años y 8 meses de prisión para Martinelli por blanqueo de capitales en el caso “New Business”. La sentencia también incluía una multa de más de 19 millones de dólares.
Tras la concesión del asilo, Nicaragua solicitó a Panamá un salvoconducto para permitir la salida segura de Martinelli hacia territorio nicaragüense. Sin embargo, el gobierno panameño denegó esta solicitud, argumentando que el asilo político no es aplicable en casos de delitos comunes, como el blanqueo de capitales.
La negativa de Panamá generó tensiones diplomáticas entre ambos países. En abril de 2024, el gobierno panameño llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, José De Jesús Martínez, acusando a Managua de permitir que Martinelli realizara actividades político-partidistas desde la sede diplomática nicaragüense en Panamá, lo que consideró una violación flagrante del derecho internacional.
Hasta noviembre de 2024, Martinelli permanecía en la Embajada de Nicaragua en Panamá, sumando más de 280 días en calidad de asilado. Durante este período, ha denunciado una persecución política y ha solicitado justicia, calificando el proceso en su contra como “dilatado e inmoral”.
