La justicia mexicana sigue observando de cerca el proceso judicial que involucra a la Iglesia de la Luz del Mundo, una organización religiosa fundada en 1926 por Aarón Joaquín, en Guadalajara. El líder de esta congregación, Naasón Joaquín García, actualmente preso en Nueva York, está acusado de una serie de crímenes, entre los cuales se incluyen abuso sexual y explotación infantil. Sin embargo, el proceso legal dio un giro el 17 de abril de 2026, cuando el juez Juan José Rodríguez Velarde decidió aplazar una audiencia crucial en el caso.
Este aplazamiento, que tuvo lugar en el complejo penitenciario de Puente Grande, se refiere a la impugnación presentada por las víctimas directas de Naasón, Sóchil Martín y Sharim Guzmán. Estas personas buscan reabrir la investigación sobre cargos graves, como pornografía infantil y lavado de dinero, que fueron inicialmente desestimados por la Fiscalía General de la República (FGR). Aunque la audiencia virtual apenas duró 30 minutos, se acordó que la revisión del expediente, que contiene más de 2,500 páginas, requiere más tiempo. Por esta razón, se reprogramó la audiencia para el próximo 27 de abril a las 5:15 p.m.
Este proceso judicial también ha causado controversia en la esfera política. La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recientemente reveló que la administración del exfiscal de la FGR, Alejandro Gertz Manero, fue la responsable de autorizar el “carpetazo” al caso, lo que significa que la investigación había sido cerrada sin una resolución completa.
Naasón Joaquín García, quien fue arrestado en 2022 en Estados Unidos y se declaró culpable de abuso sexual, sigue siendo el centro de la investigación que involucra a varios miembros de su familia, incluidos su madre, Eva García, acusada de participar en una red de explotación sexual infantil.
La Iglesia de la Luz del Mundo, que mantiene presencia en más de 60 países y afirma contar con hasta 5 millones de seguidores, continúa siendo un actor significativo en este complicado proceso judicial. La relevancia del caso no solo se limita a las víctimas directas, sino que también plantea cuestionamientos sobre la responsabilidad de las instituciones religiosas y la justicia en México.
