Colombia llega a la recta final de la campaña presidencial con el gobierno de Gustavo Petro como uno de los principales ejes del debate público. Aunque el mandatario no puede aspirar a un nuevo periodo, su administración, sus reformas y su estilo de liderazgo ocupan un lugar central en la discusión sobre el rumbo que tomará el país después del 7 de agosto de 2026.
La primera vuelta presidencial está programada para el 31 de mayo de 2026, de acuerdo con el calendario presentado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Al anunciar la organización del proceso, el registrador Hernán Penagos afirmó: “Los colombianos pueden tener absoluta tranquilidad de que la Registraduría Nacional puede garantizar elecciones transparentes e íntegras”.
El cierre del mandato de Petro está marcado por una pregunta que atraviesa a candidatos, partidos y votantes: cuánto de su proyecto político debe continuar y cuánto debe cambiar. Su gobierno impulsó una agenda centrada en reformas sociales, transición energética, política de paz, redistribución económica y mayor presencia del Estado en sectores estratégicos. Al mismo tiempo, esas iniciativas han generado respaldo entre sus seguidores y fuertes cuestionamientos desde la oposición.
Petro tampoco puede ser candidato por la prohibición constitucional de la reelección presidencial. El artículo 197 de la Constitución colombiana establece que no puede ser elegido presidente quien haya ejercido la Presidencia, salvo las excepciones previstas para la Vicepresidencia en casos específicos.
En este contexto, los aspirantes presidenciales han construido parte de sus campañas alrededor de la relación con el actual gobierno. Sectores cercanos al Pacto Histórico defienden la continuidad de las reformas y de la agenda social, mientras que candidatos de derecha y centro han planteado ajustes o rupturas en temas como seguridad, economía, salud, energía y política de paz.
La campaña también se desarrolla en medio de tensiones institucionales. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara abrió una investigación contra el presidente Petro por presunta participación en política, mientras la Defensoría del Pueblo pidió al mandatario y a sus ministros evitar declaraciones que puedan interpretarse como favorecimiento electoral.
El debate sobre el legado de Petro no se limita a los resultados de su administración. También incluye la forma en que transformó la conversación política en Colombia, al poner en primer plano temas como la desigualdad, la transición energética, la reforma agraria, la paz con grupos armados y la participación ciudadana. Para sus críticos, el balance debe considerar además las dificultades para aprobar reformas, las controversias institucionales y los problemas de seguridad en varias regiones.
La elección presidencial de 2026 se perfila, por tanto, como una votación sobre el futuro inmediato del país y, al mismo tiempo, como una evaluación del primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Sin estar en el tarjetón, Gustavo Petro sigue presente en el centro de la contienda: para unos, como referencia de cambio; para otros, como el proyecto que buscan corregir o reemplazar.
