La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes a favor del Gobierno del presidente Donald Trump en una disputa vinculada con una política que limita las declaraciones públicas de jueces federales de inmigración sobre asuntos relacionados con su trabajo. La decisión, emitida sin firma, no resolvió si esa política viola o no la Primera Enmienda, sino que se centró en un aspecto procesal del caso.
El caso enfrenta al director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, Daren K. Margolin, con la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. Según la orden de la Corte, la política exige que los jueces de inmigración obtengan aprobación de sus supervisores antes de participar en discursos públicos vinculados con sus funciones oficiales. La asociación impugnó la medida ante un tribunal federal al alegar violaciones a los derechos de sus miembros bajo la Primera y la Quinta Enmienda.
La Corte Suprema concluyó que el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito se equivocó al decidir el caso sobre la base de un argumento que las partes no habían presentado. En su opinión, el máximo tribunal sostuvo que esa actuación violó el principio de presentación de las partes, según el cual los tribunales deben resolver los asuntos planteados por quienes intervienen en el litigio y no reformular el caso por cuenta propia.
La controversia también está relacionada con la Ley de Reforma del Servicio Civil, que establece que muchas reclamaciones laborales de empleados federales deben tramitarse primero mediante mecanismos administrativos, como la Junta de Protección de Sistemas de Mérito y la Oficina del Consejero Especial, antes de acudir a tribunales federales. Un juez federal en Virginia ya había desestimado la demanda en 2023 al considerar que el reclamo debía seguir esa vía administrativa.
El Cuarto Circuito había ordenado revisar si las destituciones impulsadas por Trump contra funcionarios de agencias independientes afectaban la capacidad de esos organismos para ofrecer una audiencia imparcial. Sin embargo, la Corte Suprema revocó esa decisión y devolvió el caso al tribunal de apelaciones para nuevos procedimientos acordes con su fallo.
Alex Abdo, abogado del Knight First Amendment Institute, que representa a la asociación de jueces, expresó su desacuerdo con el resultado. “Forzar a los empleados públicos a atravesar procedimientos administrativos engorrosos y potencialmente inútiles antes de impugnar restricciones previas permite que persista la censura inconstitucional”, dijo. También afirmó: “Ahora más que nunca, necesitamos las perspectivas de los jueces de inmigración de la nación y otros empleados públicos para entender el trabajo de nuestro Gobierno”.
Aunque el fallo representa una victoria procesal para la Administración Trump, la Corte no cerró definitivamente la disputa sobre la constitucionalidad de la política. El caso continuará en instancias inferiores, donde aún podría examinarse si las restricciones impuestas a los jueces de inmigración son compatibles con las protecciones de libertad de expresión reconocidas por la Constitución estadounidense.
