El Gobierno de Yucatán ha anunciado una prórroga en el proceso de reemplacamiento vehicular, que ahora tendrá lugar en junio de 2025. Este anuncio, formalizado a través de un decreto oficial, establece que las placas y tarjetas de circulación actuales mantendrán su vigencia hasta el 31 de mayo de 2025. La medida tiene como objetivo principal aliviar la economía de las familias yucatecas, especialmente en el contexto de la conocida “cuesta de enero”, una época en la que los gastos suelen ser más apremiantes para los hogares.
La decisión de posponer el reemplacamiento responde a una combinación de factores, entre ellos la situación económica que enfrentan muchas familias y la necesidad de evitar una carga adicional en los primeros meses del año. Según las disposiciones de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, la actualización del padrón vehicular debe realizarse cada tres años; sin embargo, esta extensión permitirá a los ciudadanos preparar sus finanzas para cumplir con esta obligación más adelante.
El último reemplacamiento en Yucatán se llevó a cabo en 2020, marcando el fin del ciclo vigente para las placas actuales. Sin embargo, gracias a esta extensión, los propietarios de vehículos podrán continuar utilizando las placas actuales sin interrupciones hasta la nueva fecha estipulada. Las autoridades locales han asegurado que esta decisión no afectará la seguridad ni el control vehicular, ya que los dispositivos electrónicos de videovigilancia en el estado son completamente compatibles con las placas existentes.
Desde un punto de vista administrativo, el reemplacamiento es una herramienta clave para mantener actualizado el padrón vehicular, lo que permite un mejor control y vigilancia de los vehículos que circulan en el estado. Además, este proceso contribuye a garantizar que los registros sean precisos y actualizados, un aspecto fundamental para la seguridad vial y la prevención de delitos relacionados con vehículos.
El gobierno de Yucatán ha reiterado su compromiso con la ciudadanía, destacando que la prórroga es una medida para apoyar a las familias en un contexto económico complejo. Además, ha exhortado a los propietarios de vehículos a mantenerse informados sobre las nuevas fechas y procedimientos que serán comunicados oportunamente para garantizar el cumplimiento de esta obligación en el plazo establecido.
Con esta decisión, el estado busca equilibrar la necesidad de mantener un registro vehicular actualizado con la importancia de ofrecer flexibilidad económica a los ciudadanos. Este tipo de medidas refuerzan el compromiso de las autoridades locales por priorizar el bienestar de los habitantes, sin comprometer los estándares de seguridad y eficiencia en la administración vehicular.
