El Gobierno de Israel ha intensificado recientemente sus acciones en la Ribera Occidental ocupada, implementando medidas que han generado reacciones tanto a nivel local como internacional.
En julio de 2024, Israel aprobó una significativa confiscación de tierras en la Ribera Occidental, la mayor desde los Acuerdos de Oslo de 1993, según informó la ONG israelí Paz Ahora. La declaración abarcó una sección de 1.270 hectáreas del valle del Jordán, cerca de Jericó, que fue convertida en tierra estatal. Paz Ahora criticó la medida, afirmando que dificulta aún más el establecimiento de “un Estado palestino junto a Israel”.
Posteriormente, en noviembre de 2024, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, anunció planes para declarar la “soberanía israelí” sobre los asentamientos en la Ribera Occidental, aprovechando la reciente elección de Donald Trump en Estados Unidos. Smotrich expresó que esta oportunidad podría impedir la creación de un Estado palestino, al cual él y su partido de ultraderecha se oponen.
Estas acciones han suscitado condenas por parte de la comunidad internacional. La Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica criticaron las medidas de Israel para planear la soberanía sobre asentamientos en la Ribera Occidental.
Además, en octubre de 2024, el parlamento israelí aprobó una legislación que prohíbe a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) operar en Israel. Esta decisión fue criticada por varios países, incluido Estados Unidos, que expresaron su preocupación por el impacto en los servicios esenciales que la UNRWA proporciona en Gaza y la Ribera Occidental.
Estas medidas reflejan una intensificación de las políticas israelíes en la Ribera Occidental, generando tensiones y debates sobre el futuro de la región y la viabilidad de una solución de dos Estados.
