Por: Pascal Beltrán del Río.
No tengo idea de qué tan sólidos son los señalamientos contra diversos políticos que han surgido en el contexto del extraño proceso contra Emilio Lozoya, en el que el extraditado exdirector de Pemex ha metamorfoseado de acusado en acusador.
Y no creo ser el único con esa duda porque, hasta ahora, el relato de Lozoya sobre cómo fue “obligado” a corromperse y corromper a otros ha aparecido de manera fragmentada y siempre en la esfera mediática. La única evidencia que sustentaría lo que aparentemente ha declarado ante la Fiscalía General de la República es un video de poco más de cuatro minutos que fue colgado de manera anónima en internet, mismo que, de inmediato, fue desconocido por la propia FGR.
Lo cierto es que dicho video apareció en YouTube dos días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador conminó a la Fiscalía dar a conocer la información que Lozoya habría aportado en su intento de convertirse en testigo colaborador.
Y a raíz de su publicación, se han hecho señalamientos contra el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, cuyo secretario particular figura en él como recipiente de una fuerte cantidad de dinero, alrededor de tres millones de pesos en efectivo.
En cuanto el video comenzó a hacerse viral, Domínguez Servién despidió al secretario particular, Guillermo Gutiérrez Badillo, y dijo que éste había traicionado su confianza y que él nada tenía que ver con las pacas de billetes que allí se aprecian.
En el momento en que aparentemente fue grabado el video, Gutiérrez Badillo se encargaba, en el Senado, de todo lo relacionado con el entonces legislador Domínguez Servién –incluso de que su cama quedara bien tendida– por lo que resulta difícil de creer que el hoy gobernador no haya estado enterado de sus andanzas. Más aun, que alguien hubiese entregado tal cantidad de efectivo a un secretario particular sin que su jefe tuviera conocimiento del hecho.
Pero, desde el punto de vista legal, aquí no importa lo que yo piense o intuya. O él o ella o usted. En este caso sólo importa lo que se pueda sustentar en el marco del proceso penal que enfrenta Lozoya, y en el que éste intentará quedar libre o recibir una pena reducida por contar lo que sabe.
En el video yo veo un acto de corrupción. O, cuando menos, un hecho que viola las disposiciones sobre manejo de efectivo en la legislación que sanciona el lavado de dinero. Pero un abogado defensor no ve eso: él ve a unos hombres en una oficina equis, uno de los cuales –cuyo rostro no se ve y cuya voz está distorsionada– entrega el dinero a otros dos, quienes se lo llevan quién sabe a dónde.
Y no sólo es poco probable que el susodicho video vaya a ser admitido como evidencia en un juicio –pues, insisto, la FGR dice que no sabe de dónde salió–, sino que no parece que, por sí mismo, pueda servir para poner a alguien tras las rejas.
Pero ése es el veneno que el Presidente ha elegido para tratar de sacar de la contienda electoral de 2021 al Partido Acción Nacional. Como decía yo ayer, en política nada es casual y, por tanto, no puede serlo la aparición del video el domingo, tres días antes de que él visitara Querétaro y se reuniera con los gobernadores en San Luis Potosí.
Si López Obrador quería acabar con sus rivales políticos, la mejor manera de hacerlo era vía el debido proceso. Es decir, no interviniendo personalmente en el caso Lozoya, como lo ha hecho, y dejando que la FGR haga su trabajo y encuentre las evidencias para castigar a los corruptos por la vía penal. No sé por qué escogió esta ruta, en la que ya se embarcó. Quizá porque los tiempos del proceso –y el sigilo en el que éste debe ocurrir– no daban para convertir el tema en materia de la lucha electoral del año entrante.
¿Cuál ha sido el resultado inmediato? Que el gobernador Domínguez usó la propia tribuna de la conferencia mañanera para defenderse y negarlo todo, y que, horas después, el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca hizo lo mismo en San Luis Potosí en la reunión de la Conago, pidiendo que cesen las filtraciones de que a él lo investigan por presuntas relaciones con el narco.
Los colgados se le rebelaron al Presidente, quien debe saber que veneno que no mata, fortalece.
