El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones el miércoles 25 de junio de 2025 a tres entidades financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector— acusándolas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, el lavado de dinero y la compra de precursores químicos para la producción de fentanilo. Según el Tesoro, estas instituciones habrían colaborado con cárteles como los de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Beltrán Leyva, además de entregar sobornos y gestionar millonarias transferencias hacia empresas en China.
Tras estas sanciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decidió intervenir temporalmente a CIBanco e Intercam, relevando sus órganos administrativos, con el fin de proteger a los ahorradores y garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones durante la investigación. La CNBV también impuso sanciones administrativas por violaciones de carácter interno por un monto aproximado de 134 millones de pesos .
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió señalando que el sistema financiero nacional es “muy sólido” y que existen mecanismos eficaces para combatir el lavado de dinero. Precisó que Hacienda, la CNBV y el Banco de México han requerido al Tesoro estadounidense aportar pruebas antes de ejercer acciones legales. En sus palabras: “Si hay pruebas (…) de que hay lavado de dinero, se actúa, administrativamente, incluso penalmente. Pero si no hay pruebas no se puede actuar. No vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad”.
En tanto, las instituciones acusadas han rechazado las acusaciones, han afirmado su disposición a colaborar y han alertado que sus clientes continúan con sus operaciones protegidas.
Analistas destacan que las acciones del Tesoro representan un mensaje simbólico de endurecimiento en la lucha contra el fentanilo, al atacar no solo a los cárteles, sino también a sus estructuras financieras. A su vez, esta situación pone a prueba la capacidad del gobierno mexicano para sustentar las acusaciones con evidencias concretas y tomar decisiones legales fundamentadas.
Por ahora, el futuro del caso depende de si Hacienda y la UIF confirman la existencia de lavado de dinero a partir de los indicios señalados por EE. UU. De no hallarse pruebas contundentes, las entidades podrían quedar únicamente con sanciones administrativas. Si, por el contrario, se confirma actividad ilícita, se esperan procesos penales que marcarían un precedente en la regulación financiera vinculada al narcotráfico.
