Por: Eduardo Ruíz-Healy.
En Estados Unidos, ayer, el número de muertos por COVID-19 llegó a poco más de 250 000. En México rebasó los 100 000. Allá se mueren 22 de cada 1000 personas que se enferman del nuevo coronavirus SARS-CoV-2; acá fallecen 98 de cada 1000, es decir, casi 3.5 veces más que allá.
Ayer, de entre todos los países y territorios del mundo, excepto Yemen, que está en medio de una sangrienta guerra civil, en el nuestro se registró la tasa más alta de letalidad por COVID-19, que se obtiene dividendo el número de muertes confirmadas entre el número de casos confirmados.
La tasa para México fue de 9.8%, seguido por Sudán (7.8%), Ecuador (7.2%), Chad (6.3%), Bolivia (6.2%), Egipto (5.8%), Liberia (5.4%, Irán (5.3%), Siria (5.2% pese a que también sufre una guerra civil) y China (5.2%).
En los dos países al norte del nuestro, la tasa fue de 2.2% en Estados Unidos y de 3.6% en Canadá; en todos los países al sur fue inferior al 9.8%.
Estos números indican, en primer lugar, que el sistema de salud del país carece de los suficientes recursos económicos, materiales y humanos para atender la pandemia. Esa carencia es más grave en el sector público que en el privado. De acuerdo con Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, la tasa de letalidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es de 18.6% y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es de 16.6%. En contraste, en hospitales privados es de 4.4%.
En segundo lugar, corroboran que el gobierno federal no ha sabido, podido o querido enfrentar adecuadamente a la pandemia.
Para empeorar la situación y pese a las cifras catastróficas, el gobierno insiste en que todo está bien y que pronto, gracias a las vacunas, la situación mejorará.
Sin embargo, una cosa es que existan las vacunas y otra que le lleguen las dos dosis que se deberán aplicarse a casi 130 millones de hombres, mujeres y niños que vivimos en México; es decir, 260 millones de dosis.
Y una cosa es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, diga que la Secretaría de Salud (SSA) posee la logística necesaria para distribuir las primeras dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y otra es que eso sea cierto.
La realidad es que ni en Estados Unidos existe una eficiente cadena de ultracongelación para la vacuna de Pfizer, que debe mantenerse a una temperatura de entre menos 60 y menos 90 grados Celsius.
Para lo que México sí está perfectamente preparado es para almacenar y distribuir las vacunas que no requieren de temperaturas más gélidas que menos 20 grados para su conservación, que aparentemente son todas las demás que están desarrollándose.
El reto que enfrentarán la SSA y las farmacéuticas que produzcan las vacunas contra el COVID, me imagino que conjuntamente, será el de llevarlas hasta los lugares más apartados del país, a muchas de las localidades rurales en donde vive el 20% de la población, es decir unas 26 millones de personas.
Si el gobierno carece de los medios para hacerlo, debe aceptarlo y buscar el apoyo de las empresas que desde hace años desarrollaron amplias y muy eficientes sistemas para distribuir sus productos a lo largo y ancho del país.
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