La madrugada del lunes, la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro (al sur de Guayaquil), fue escenario de un motín entre bandas rivales que dejó como saldo al menos 14 muertos y 14 heridos, según informaron las autoridades.
Minutos antes del estallido final de violencia, se escucharon explosiones y disparos dentro de los muros del penal, mientras se reportaba que se lanzaban bombas y granadas. En medio del caos, los reclusos asesinaron a un guardia y tomaron como rehenes a algunos agentes, según declaraciones oficiales.
La situación se desbordó cuando varios presos huyeron, aunque hasta ahora las investigaciones señalan que 13 de ellos han sido recapturados. Las autoridades utilizaron gases lacrimógenos para retomar el control del penal tras aproximadamente 40 minutos de enfrentamientos.
Este nuevo episodio sangriento no hace más que evidenciar la crisis estructural del sistema penitenciario ecuatoriano, marcado por el hacinamiento, la corrupción, la impunidad y la lucha encarnizada entre organizaciones criminales que reclaman el dominio territorial dentro de las prisiones.
Históricamente, Ecuador ha sido escenario de motines masivos dentro de sus cárceles con decenas de muertos: la masacre en la Penitenciaría del Litoral en 2021, por ejemplo, dejó más de ciento veinte muertos y mostró cuán letales pueden volverse estos enfrentamientos internos. En 2023 también se registraron masacres y motines que llevaron al Estado a decretar el estado de excepción en varios centros penitenciarios.
Frente a estos escenarios de horror, muchos han cuestionado si las estrategias del gobierno han sido suficientes. El presidente Daniel Noboa y su gabinete han intentado presentar reformas y una intervención militar parcial del sistema penitenciario, pero los resultados siguen siendo limitados frente al poder de las redes criminales.
La población carcelaria supera ampliamente la capacidad oficial de muchos centros, lo que genera condiciones propicias para que estas pandillas fortalezcan su poder interno. Además, la penetración de armas, explosivos y comunicación con el exterior permite que los reos coordinen ataques internos con una capacidad operativa impresionante.
Cada muerte tras esos muros es también un mensaje al Estado y a la sociedad: las cárceles dejaron de ser solo espacios de encierro, y se transformaron en zonas de guerra donde cada pabellón puede convertirse en un frente letal. En ese marco, la pregunta inevitable es: ¿será suficiente la aplicación de fuerza militar o será necesario repensar el modelo mismo de reinserción, justicia y cárcel que Ecuador adopta?
Finalmente, hay nombres detrás de esas estadísticas: familias, víctimas y sobrevivientes que reclaman verdad, memoria y justicia. Y mientras las balas silencian voces dentro de los muros, el país entero queda pendiente de respuestas.
