Yucatán fue escenario de una contundente respuesta del sistema de justicia federal frente al crimen organizado, cuando la Fiscalía General de la República logró sentencias y destruyó un volumen considerable de sustancias ilícitas. En un evento oficial se comunicó que “se destruyeron más de 164 kilos de narcóticos, entre ellos: 159 kilos 925 gramos 506 miligramos de marihuana, 604 gramos 700 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, un gramo 300 miligramos de clorhidrato de cocaína, dos miligramos de aceite de cannabis, un kilo 102 gramos 413 miligramos de cocaína, dos kilos 375 gramos 960 miligramos de metanfetamina y dos mil 558 unidades de pastillas psicotrópicas”.
El procedimiento no se limitó a la destrucción de drogas: también se judicializaron ocho carpetas de investigación relativas a delitos contra la salud, la biodiversidad y el robo de energía, y se logró una sentencia en procedimiento abreviado contra seis personas. Las acciones desplegadas incluyeron el cumplimiento de 124 mandamientos ministeriales y tres judiciales, mediante el esfuerzo coordinado entre agentes del Ministerio Público federal y la Policía Federal Ministerial.
El volumen de narcóticos destruidos representa un golpe simbólico y real al tráfico de drogas en la zona. Solo en el rubro de cannabis, se consignaron 159 kg 925 g 506 mg, cifra que subraya la magnitud del decomiso. Aunado a esto, se confiscaron múltiples objetos del delito —entre documentos, básculas digitales, pipas y fundas para armas— que fueron incluidos en el destino final del procedimiento.
Estas acciones confirman que las autoridades federales en Yucatán no solo centran sus esfuerzos en perseguir a los eslabones del narcotráfico, sino en erradicar de raíz las sustancias ilícitas con plena transparencia. El operativo fue certificado por representantes del Órgano Interno de Control, de la Sedena, de la Fiscalía y de la Policía Federal Ministerial, quienes dieron fe tanto del peso como de la autenticidad de lo destruido.
El panorama legal también avanzó con la judicialización de 15 personas imputadas por delitos federales durante el mes de septiembre, y con la obtención de acuerdos reparatorios por un monto de 759,396.67 pesos destinados para la reparación del daño a víctimas. Estas sanciones y mecanismos alternativos complementan una estrategia integral que no solo apunta al castigo, sino también a la reparación y la disuasión.
Yucatán, con estos hechos, se pone como ejemplo de operación legal y coordinada en la lucha contra el crimen organizado. El derribo de más de 164 kg de narcóticos y las sentencias aplicadas evidencian que el Estado mexicano está dispuesto a ejercer la ley con firmeza, incluso en casos de gran envergadura.
