Por: Eduardo
Ruíz-Healy.
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“… la fiscalía
abrió una investigación en contra de dos candidatos al gobierno de Nuevo León.
Yo apoyo esa decisión (…) Aquí lo denuncié porque es un delito electoral (…)
Que investigue la fiscalía y que se aplique la ley, es delito grave el fraude
electoral; si no, ¿para qué se creó la Fiscalía Electoral?, ¿para qué se
reformó la Constitución, si va a seguir lo mismo? (…) yo creo que es mi
obligación denunciar el fraude…”.
Eso es algo de lo
que dijo el presidente en su conferencia de prensa, y dudo que alguien no esté
de acuerdo con él. Después de todo, el delito electoral no solo es grave sino
gravísimo porque el que lo perpetra busca manipular la libre voluntad de los
ciudadanos expresada en las urnas, pretende violar uno de los derechos
fundamentales de cualquier ciudadano en una democracia, que es la de votar sin
presión alguna a favor de los candidatos que desea que lo gobiernen o
representen.
O sea que el que
comete algún delito electoral es un violador de los derechos de los ciudadanos.
Ignoro si son
inocentes o culpables de los delitos que supuestamente cometieron los
candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García.
La Fiscalía General
de la República (FGR) dio a conocer el lunes que investiga a ambos.
Al primero,
candidato de la coalición PRI-PRD, por el uso indebido de una “tarjeta rosa”
que de la Garza les regala a todas las mujeres nuevoleonesas, prometiéndoles
que, de ganar la gubernatura, depositará dinero en ellas apenas ocupe el cargo.
Según AMLO eso no es otra cosa que tratar de comprarle su voto a esas mujeres.
Al segundo,
candidato del MC, por recibir aportaciones en dinero o en especie y no
reportarlas. De paso, su esposa Mónica Rodríguez está siendo investigada por
evasión fiscal por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda.
Lo que llama la
atención en este caso es la sorprendente acción de una FGR que hasta ahora no
se había visto muy activa en la investigación de muchos otros supuestos
delincuentes electorales y de otro tipo, entre ellos los muchos exfuncionarios
involucrados en diversos actos de corrupción que Andrés Manuel ha denunciado
desde hace años.
Para muchos, la
acción de la FGR se da cuando Clara Luz Flores, la expriista que ahora es la
candidata morenista a la gubernatura nuevoleonesa, se ha desplomado en todas
las encuestas después de comprobarse que mintió descaradamente al jurar y
perjurar que no conocía al convicto multiviolador y abusador sexual estadounidense,
Keith Raniere, fundador de la secta sexual NXIVM, a la cual Flores perteneció.
A juzgar por sus
acciones, para el presidente de México son más graves los delitos electorales
que los sexuales, porque nunca condenó públicamente a Clara Luz por haber
mentido sobre su relación con NXIVM y el depravado de Raniere, y tampoco creyó
que su obligación era pedirles a las procuradurías General de la República y
General de Justicia de Guerrero que investigaran las acusaciones de violación y
abuso sexual que se han hecho contra el también morenista Félix Salgado
Macedonio.
¿Qué delito es más
grave, el electoral o el sexual? El primero viola derechos, el segundo cuerpos.
Yo digo que el segundo, aunque probablemente AMLO y muchos morenistas no estén
de acuerdo conmigo.
