Agentes federales de inmigración de Estados Unidos arrestaron a 261 beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) durante los primeros diez meses del actual mandato presidencial, de acuerdo con estadísticas oficiales compartidas con el Congreso estadounidense.
El programa DACA fue implementado en 2012 para ofrecer acción diferida contra la deportación y permisos de trabajo temporales a jóvenes traídos al país siendo menores de edad sin estatus migratorio regular. Sus beneficiarios son ampliamente conocidos como “soñadores”. Si bien DACA no concede un estatus migratorio permanente ni un camino automático hacia la ciudadanía, durante años ha servido como una protección para miles de inmigrantes que residen y trabajan en Estados Unidos.
Según los datos proporcionados por autoridades federales, los arrestos de estos beneficiarios se produjeron en un contexto de intensificación de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las cifras indican que una parte significativa de quienes fueron detenidos tenían antecedentes penales fuera del ámbito de inmigración, lo que las autoridades federales han utilizado para justificar las detenciones.
Las cifras han despertado preocupación entre defensores de derechos de los inmigrantes y legisladores. Grupos y representantes han señalado que, en múltiples casos, los beneficiarios tenían permiso de trabajo vigente o carecían de antecedentes que justificaran una deportación inmediata. En cartas enviadas a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, algunos congresistas pidieron explicaciones sobre la motivación, el marco legal y el impacto de estas detenciones, subrayando que varios de los arrestados estuvieron bajo supervisión o protección previa.
Críticos de las acciones del ICE argumentan que la intensificación de los arrestos podría estar vinculada a cambios en las políticas migratorias tras el regreso de la administración actual, lo que ha resultado en mayor escrutinio de beneficiarios de DACA incluso cuando no han incurrido en delitos graves. Estos defensores sostienen que, en algunos casos, se ha cuestionado la separación arbitraria entre ciudadanos y no ciudadanos, argumentando que esto dificulta la permanencia de inmigrantes que han vivido la mayor parte de sus vidas en el país.
Por su parte, las autoridades migratorias han defendido sus acciones señalando que las detenciones se han realizado dentro de los parámetros legales y enfatizando que DACA no garantiza inmunidad frente a la deportación, especialmente cuando hay antecedentes penales relevantes.
La detención de estas personas ha provocado un debate renovado sobre la aplicación de las leyes migratorias y el futuro del programa DACA en Estados Unidos, en un momento en que miles de beneficiarios siguen dependiendo de estas protecciones temporales para residir y trabajar legalmente en el país.
