Un exfuncionario de la administración de Roberto Borge ha conseguido un amparo que lo coloca en una posición favorable para evitar devolver más de 39 millones de pesos al erario público, una cifra relacionada con la venta irregular de terrenos en Quintana Roo hace más de una década. Este monto corresponde a la afectación al patrimonio del estado derivada de la dilapidación de 113 inmuebles que pertenecían al gobierno estatal.
El pasado 24 de marzo, el Juzgado Primero de Distrito de Chetumal otorgó al exsecretario de Desarrollo Urbano y de Vivienda, Mauricio N., la protección de la justicia federal a través de un amparo que anula la negativa de admitir un recurso de apelación en su favor. Este recurso estaba relacionado con una sentencia de procedimiento abreviado que en 2017 lo dejó libre tras haber sido detenido, pero bajo la condición de pagar los 39 millones 733 mil pesos mencionados.
El texto de la resolución, contenida en el expediente 885/2025, es claro en su veredicto: “Se concede el amparo y protección de la justicia federal a Mauricio R(…), por los motivos expuestos en la consideración sexta y para los efectos de la consideración séptima de esta sentencia”. Este fallo favorece a Mauricio N., quien había sido condenado a restituir el monto tras la venta de terrenos del estado a precios muy por debajo de su valor real, lo que afectó gravemente al patrimonio público de Quintana Roo.
El exfuncionario mostró su inconformidad ante la orden de reparación del daño, apelando la decisión que le obligaba a la devolución del dinero. Sin embargo, su impugnación fue rechazada en su momento. Ante esta negativa, el 30 de octubre de 2025, solicitó un amparo al Poder Judicial de la Federación. En la demanda, Mauricio N. alegaba que la omisión de aceptar su recurso de apelación desde 2017 había vulnerado su derecho a una justicia adecuada. El amparo presentado buscaba suspender el acto de la restitución del dinero como medida cautelar.
Finalmente, la resolución definitiva le otorgó la protección constitucional, lo que abre la posibilidad de que su apelación sea aceptada y así evitar el pago de la millonaria suma. En los próximos días, las autoridades judiciales decidirán los efectos de esta sentencia, lo que determinará si se le concede la oportunidad de impugnar nuevamente la orden de reparación del daño o si deberá cumplir con la restitución.
Esta situación pone de relieve las complicadas consecuencias legales y financieras que aún persisten a raíz de las irregularidades durante el gobierno de Roberto Borge, que ha sido señalado por numerosos casos de corrupción y desfalco al patrimonio de Quintana Roo. La resolución del amparo podría tener un impacto importante en el futuro de otros casos similares vinculados a la gestión de Borge.
