Las comunidades mayas de Hopelchén, en Campeche, han presentado una solicitud formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva de fondo el caso de la grave contaminación de agua por plaguicidas que afecta a la región. En su solicitud, los pobladores instan a los ministros a rechazar el proyecto de sentencia propuesto por la ministra María Estela Ríos González, el cual propone devolver el caso a un juzgado de distrito. Este enfoque, según los habitantes, significaría un “retroceso” en su lucha por obtener justicia, prolongando aún más la resolución del conflicto y desestimando las pruebas presentadas desde 2016.
La contaminación del agua en esta zona de Campeche ha sido un problema reconocido durante años. Diversos estudios y peritajes, incluidos los del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), han confirmado que el agua de los pozos no es apta para el consumo humano debido a la presencia de residuos de plaguicidas. A pesar de las pruebas recabadas, el caso ha sido manejado de manera insatisfactoria por las autoridades locales, lo que ha generado desconfianza en la comunidad hacia el sistema judicial estatal.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que acompaña a los pobladores en su lucha, señala que los estudios realizados han evidenciado la presencia de plaguicidas no solo en el agua, sino también en la orina y sangre de las personas, lo que aumenta el riesgo de daños mayores a la salud. La abogada Itzel Artega subraya que el principio de precaución debe prevalecer y que la SCJN tiene la responsabilidad de abordar este caso para proteger a las comunidades de futuros riesgos ambientales.
Por otro lado, los miembros de las 17 comunidades de Hopelchén no confían en las autoridades campechanas, argumentando que carecen de una perspectiva adecuada en derechos humanos, ambientales e interculturales. Así, decidieron llevar su caso ante el máximo tribunal del país, con la esperanza de obtener una sentencia que tenga un enfoque más integral y protector de su bienestar.
El caso comenzó en 2020, cuando las comunidades interpusieron una demanda de amparo por la presencia de plaguicidas en sus cuerpos de agua. Sin embargo, el juez de distrito desestimó las pruebas presentadas, lo que los llevó a recurrir a la SCJN. La resolución de este recurso fue atraída por el tribunal en mayo de 2025.
Las autoridades de Campeche, al parecer, no han reconocido la magnitud del problema. Según Itzel Pech, miembro de la comunidad, la llegada de la agroindustria a gran escala ha intensificado la contaminación, con el uso de plaguicidas y otros productos agroquímicos que han afectado los acuíferos y el ecosistema local. La deforestación masiva, en especial la eliminación de más de 400 mil hectáreas de bosques para cultivar monocultivos, ha exacerbado esta situación.
A pesar de los esfuerzos por obtener una audiencia con la ministra Ríos González para exponer la importancia del caso, las comunidades fueron invitadas solo a una reunión virtual, lo que fue interpretado como un acto discriminatorio dada la falta de acceso a internet en las zonas más remotas de Hopelchén. Esta falta de empatía por parte de las autoridades refuerza la preocupación de los pobladores, quienes buscan una resolución urgente de este problema que afecta no solo su salud, sino su relación con el territorio y su identidad cultural.
El caso sigue siendo una lucha por la justicia ambiental, donde las comunidades mayas de Hopelchén exigen que se tomen medidas concretas ante la contaminación de sus fuentes de agua, protegiendo así su modo de vida y sus derechos fundamentales. La SCJN tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con los pueblos indígenas y con la defensa del medio ambiente, al abordar este caso de manera integral y sin evasivas.
