Ciudad de México / Nueva York, 29 de abril de 2026.– La acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no solo lo coloca en el centro de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico, sino que también involucra a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel, señalados por integrar una red de protección institucional al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los acusados habrían participado en una conspiración para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, además de delitos relacionados con armas de fuego y, en algunos casos, hechos de violencia extrema.
Los funcionarios señalados y sus cargos
Entre los implicados destacan perfiles clave dentro del gobierno estatal y municipal de Sinaloa:
- Enrique Inzunza Cázarez
Cargo: Senador de la República y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa.
Acusación: Conspiración para el tráfico de drogas y presunta coordinación política para facilitar operaciones del crimen organizado. - Juan de Dios Gámez Mendívil
Cargo: Presidente municipal de Culiacán.
Acusación: Presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa mediante apoyo logístico y protección institucional. - Cristóbal Castañeda Camarillo
Cargo: Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
Acusación: Uso de estructuras de seguridad para facilitar actividades delictivas y proteger a integrantes del cártel. - Gerardo Mérida Sánchez
Cargo: Exmando de seguridad estatal.
Acusación: Participación en esquemas de protección a operaciones de narcotráfico. - Ovidio Guzmán López (mencionado dentro de la red criminal, no como funcionario)
Rol: Integrante del Cártel de Sinaloa.
Contexto: Referido como parte de la estructura criminal con la que los funcionarios habrían interactuado. - Otros funcionarios y exfuncionarios (cuyos nombres completos no han sido detallados públicamente en todos los casos) incluyen perfiles vinculados a áreas de procuración de justicia, finanzas públicas y seguridad, señalados por:
- Recibir sobornos del narcotráfico
- Facilitar rutas y operaciones logísticas
- Proporcionar información privilegiada
- Encubrir actividades criminales
Acusaciones clave
La Fiscalía estadounidense sostiene que todos los implicados forman parte de una conspiración de alto nivel que permitió al Cártel de Sinaloa operar con protección política. Entre los cargos destacan:
- Conspiración para el tráfico de drogas (fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas)
- Uso y posesión de armas de fuego en actividades criminales
- Lavado de dinero
- En al menos un caso: secuestro y homicidio de un informante
Un caso en desarrollo
Es importante subrayar que, hasta el momento, la información pública disponible aún es parcial y el proceso judicial apenas comienza. Las acusaciones provienen de autoridades estadounidenses y deberán ser probadas en tribunales.
El caso abre un escenario inédito al involucrar a figuras en funciones dentro del gobierno mexicano, lo que podría derivar en procesos políticos internos, cooperación internacional y una nueva etapa en la relación bilateral en materia de seguridad.
La evolución de este expediente será clave para entender el alcance real de las acusaciones y sus implicaciones en el sistema político mexicano.
