Ciudad de México, 29 de abril de 2026.– El gobierno de Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos vínculos con el narcotráfico, en un caso que eleva la tensión política y diplomática entre ambos países.
La acusación fue interpuesta por el Departamento de Justicia de EE.UU., a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en coordinación con la DEA. Según las autoridades estadounidenses, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa en operaciones de tráfico de drogas hacia territorio norteamericano, además de participar en delitos relacionados con armas y crimen organizado.
De acuerdo con la investigación, los funcionarios señalados habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar las actividades del grupo criminal, intercambiando protección institucional y apoyo político a cambio de sobornos y beneficios económicos.
Entre los acusados figuran también el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el senador Enrique Inzunza; así como exfuncionarios de seguridad, finanzas y procuración de justicia en Sinaloa.
Las imputaciones incluyen conspiración para el tráfico de narcóticos, posesión de armas y otros delitos graves, que podrían implicar penas de hasta cadena perpetua conforme a la legislación estadounidense.
Este señalamiento ocurre en un contexto de creciente presión de Washington sobre funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado, lo que ya había derivado en medidas como la cancelación de visas y advertencias diplomáticas en semanas recientes.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial detallada sobre las acusaciones, mientras la investigación continúa en curso.
