Por: Pascal Beltrán del Río.
El martes 19 por la tarde –exactamente una semana
después de la reunión entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe
Biden–, se filtró la información de que la Oficina del Representante Comercial
de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) solicitaría consultas a
México para resolver controversias, en el marco del T-MEC, sobre la política
energética del gobierno mexicano.
A juicio de Katherine Tai, titular de la USTR, dichas
políticas “afectan los intereses económicos estadunidenses en múltiples
sectores y desincentivan la inversión por parte de proveedores de energías
limpias”, al tiempo que “reinstalan la primacía” de la CFE y de Pemex.
La solicitud de consultas, que se formalizó y a la que
se sumó rápidamente Canadá, representa la mayor controversia que ha enfrentado
México desde que se creó la zona de libre comercio de América del Norte en 1994
y podría tener efectos muy costosos en caso de que los procesos de
intermediación no le den la razón. A diferencia de la batalla comercial sobre
el azúcar y la fructosa (2014-2017), que fue detonada por particulares, ésta es
una diferencia entre Estados.
De acuerdo con los términos establecidos en el
capítulo 31 del T-MEC, las partes deberán reunirse en un lapso de 30 días y
tendrán 45 días adicionales para llegar a un acuerdo sobre las controversias
presentadas. Con ese fin pueden recurrir a buenos oficios, conciliación y
mediación. De no resolverse el tema, pasados 75 días de la notificación para
realizar consultas –esto es, a más tardar el 3 de octubre–, alguna de las
partes puede pedir la creación de un panel de controversias. Este mecanismo se
integra por jueces propuestos con anterioridad por los tres países miembros del
T-MEC, a razón de diez cada uno, que ya han sido avalados por todos y sujetos a
un código de conducta.
Después de que se decide establecer el panel, hay 15
días para elegir a su presidente, lapso que, en caso de disputa, puede
prolongarse 10 días más, es decir, al 28 de octubre. Durante los siguientes 15
días, deberán seleccionarse los otros cuatro panelistas, y hay otro plazo de 15
días para impugnar la designación de cualquiera de los jueces.
Todo eso podría ocurrir en noviembre, cuando EU
celebra elecciones intermedias y el gobernante Partido Demócrata enfrenta una
dura prueba en las urnas, además, deberá llevarse a cabo la cumbre de líderes
de América del Norte en la CDMX.
El panel tendrá 150 días para deliberar y emitir un
reporte final. Las conclusiones –que pueden implicar la eliminación del motivo
de la controversia o una compensación– tendrán que ponerse en práctica en los
siguientes 45 días.
Si no hay retrasos mayores en el proceso descrito, las
conclusiones podrían conocerse muy cerca de la fecha de las elecciones para
gobernador en el Estado de México y Coahuila.
No cabe duda que habrá mucha política en este proceso.
El gobierno de Biden lo aprovechará para refutar las críticas de la oposición
republicana, mientras que el de López Obrador lo usará para ventilar una
retórica antiestadunidense en busca del apoyo popular. El respaldo de Ottawa a
la postura de Washington le vendrá mal a López Obrador, que trató de pintar la
solicitud de consultas como efecto de un lobby de empresas mexicanas y la
presión de grupos conservadores estadunidenses.
En realidad se trata de una decisión largamente
anunciada por la USTR –una agencia que responde directamente al Presidente de
Estados Unidos–, ante lo que se percibe allá como una política energética nacionalista, ventajosa e ideológica para
favorecer a la CFE y a Pemex, y contraria al libre comercio.
El Presidente desestimó los efectos de la acción
estadunidense y canadiense al ordenar que amenizaran su conferencia en Palacio
Nacional con la canción Uy qué miedo, de Chico Che. Pero esta disputa no se va
a resolver, como otras, con retórica y chascarrillos en la mañanera. Lo pudo
haber hablado en Washington –donde, según él, le fue muy bien con Biden la
semana pasada–, pero ahora el problema está en el terreno legal. Y a los socios
comerciales y, eventualmente, a los jueces del T-MEC, no hay manera de
advertirles que no le vayan a salir con que la ley es la ley.
