La Revista

La renuncia del ministro Arturo Zaldívar al poder judicial federal, además de ilegal, “encierra un secreto a voces”

Facetas de México

Por: Pascacio Taboada Cortina & Jorge Martínez Cedillo

 

  • El propósito fundamental es crear las condiciones que
    permitan implantar en México una dictadura
  • El ministro sustituto será un incondicional del presidente,
    no por un año, sino por 15 años a partir del 2024

 

La renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), se ha convertido en una ola de comentarios que
implican una verdadera traición al Poder Judicial Federal en primera instancia
–por no respetar la división de poderes—hasta contubernio con el propio
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El propósito fundamental de la dimisión del ministro a la
Corte, consiste en crear las condiciones que permitan implantar en México una
dictadura en el próximo gobierno que, desde ahora mismo, el Ejecutivo da los
primeros pasos con el rechazo de la mayoría de los mexicanos. Por supuesto,
menos tres, que son los involucrados: el Presidente, el ministro renunciante y
el (o la) entrante, para lo cual el Presidente ha señalado una terna de
mujeres, absolutamente incondicionales a su gobierno.

Se supone que cada uno de los once ministros que integran la
Suprema Corte (SCJN), debe permanecer en el puesto un período ininterrumpido de
15 años. Sin embargo, por alguna enfermedad o incapacidad física o mental, es
posible la renuncia al cargo de ministro sin haber cumplido ese tiempo. En el
caso de Zaldívar, no existen esos motivos, de manera que los 15 años que marca
el Reglamento de la SCJN, para él, se cumplen el 24 de noviembre de 2024.

Así las cosas, el ministro Zaldívar, muy espléndido, le
permite al presidente López Obrador, el tiempo suficiente para que nombre, a
través de una terna, a un nuevo ministro o ministra, para suplirlo, pero no por
un año, sino por 15 años a partir del 2024, de manera que, el mandatario,
podría tener en la Corte a un ministro aliado para efectos de intromisión en
asuntos propios de la Corte, como lo ha venido haciendo en diversas ocasiones
en su gestión, con la flagrante violación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, provocando que, al menos una ministra, Jazmín
Esquivel Mossa, ocupe el cargo señalado, sin ser abogada, requisito
indispensable para ocupar ese alto cargo en la Suprema Corte.

Existen otros agravantes que afectan al ministro
renunciante, derivados de su separación por voluntad propia, plasmados en la
SCJN, referentes a que, en un periodo de dos años: no podrá ocupar puestos como
fiscal federal, diputado estatal o federal, senador de la República, gobernador
de una entidad federativa, y tampoco ocupar un puesto cuya gestión sea
contraria o acusatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Han acontecido una serie de hechos irrefutables que, hasta
parece que el ministro Zaldívar desea retar a sus críticos y a juristas
especializados. Con muy poca vergüenza para un personaje de su rango, al
anunciar públicamente que renunciaba a la Suprema Corte, como Ministro,
habiendo sido Presidente de la propia institución.

Por escrito en su renuncia puntualizó “que no había más a
qué aspirar”, y dejó constancia de “desprecio y aburrimiento” haber ocupado el
puesto de ministro por 14 años muy bien pagados. Afirmamos nosotros que, “más
allá de lo que hubiera esperado un servidor público que, a pesar de devengar un
alto sueldo, fue compensado con ingresos por arriba de lo que merecía un
traidor beneficiado por un partido político, ahora “se vende por tortillas
duras” a otro partido que aspira a promover una dictadura en México.

Otro hecho lamentable, es que, en muy poco tiempo, una vez
que Zaldívar acordó su “cambio de estafeta” a López Obrador, fue a presentar
sus “cartas credenciales” a la candidata a la Presidencia de la República,
Claudia Sheinbaum”, quien le ofreció sumarse al partido MORENA “en un proyecto
político para la defensa de la Cuarta Transformación y de los que menos
tienen”.

El 15 de noviembre recién pasado, muy rápido para iniciar el
proceso logístico en cuanto a la designación de tres nombres de mujeres que
simplemente cubren el requisito de contar con título de abogadas (esto es
necesario tenerlo muy presente, por el antecedente de Jazmín Esquivel, que no
es abogada, pero sigue siendo ministra de la Suprema Corte).

La susodicha terna de abogadas –sin demostrar su título
todavía—son muy cercanas y empleadas en diversas dependencias federales: Lenia
Batres Guadarrama, para empezar, es hermana del actual jefe de Gobierno de la
Ciudad de México.

Otra más, es Bertha María Alcalde Luján, actual directora de
Operación Sanitaria en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), de la Secretaría de Salud. Además, es hermana de la
secretaria de Gobernación, de nombre Luisa María Alcalde Luján.

La tercera aspirante a ser ministra de la Suprema Corte, es
María Estela Ríos González, quien fungió como consejera jurídica de AMLO,
cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Actualmente es consejera
jurídica del Ejecutivo. En esta área trabaja Lenia Batres Guadarrama, como su
subordinada.

Es de señalar que las tres mujeres propuestas en
la terna para sustituir a Arturo Zaldívar, gozan del privilegio de ser
fundadoras del Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA), por si existiera
alguna duda de la incondicionalidad y cercanía con el señor presidente.

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