Más medios policiales, una mayor autonomía para los agentes sobre el terreno, un nuevo prefecto de Policía y, sobre todo, la prohibición de manifestarse en los Campos Elíseos y otros puntos sensibles del país que han sido objetivo de los vándalos. Ante el desafío violento del núcleo duro de irreductibles ‘chalecos amarillos’ que desde hace cuatro meses ponen en jaque a las fuerzas de seguridad, y que el pasado sábado llegaron a poner en peligro la vida de varias personas, el Gobierno francés ha anunciado una batería de medidas judiciales, policiales y un mensaje: ante los extremistas, «la única respuesta posible es la de la seguridad», dijo el presidente, Emmanuel Macron. Se acabó el diálogo.
Tras un fin de semana difícil, Macron reunió este lunes una célula de crisis para atajar las «disfunciones» y los errores en la estrategia policial que se produjeron el pasado sábado. El presidente, que pensaba que con el Gran Debate Nacional había conseguido desactivar la cólera de los ‘chalecos amarillos’, vuelve a encontrarse entre la espada y la pared tras la violencia incontrolada que el movimiento desplegó en París, en los Campos Elíseos, donde unos 10.000 manifestantes, entre ellos cerca de 1.500 «ultras» encapuchados, saquearon e incendiaron locales, comercios y vehículos. Los destrozos vinculados a los disturbios, y sin contar los de este fin de semana, ascienden ya a más de 170 millones de euros, según las aseguradoras.
«A partir del próximo sábado prohibiremos las manifestaciones de los ‘chalecos amarillos’ en los barrios más afectados en cuanto tengamos constancia de la presencia de ‘ultras’ y de su voluntad de causar destrozos», anunció el primer ministro, Édouard Philippe, para el alivio de comerciantes y vecinos que sufren desde hace meses los disturbios. Entre los distritos que mencionó se encuentra la avenida de los Campos Elíseos de París, la plaza Pey-Berland de Burdeos y la plaza del Capitolio en Toulouse.
El primer cabeza de turco ha sido el prefecto de Policía de París, Michel Delpuech, cuyas decisiones sobre el orden público han sido cuestionadas repetidamente desde hace semanas. Este lunes, Philippe apuntaba el dedo expresamente sobre las «consignas inapropiadas» en el uso de las conocidas como ‘LBD’, escopetas de proyectiles antidisturbios, muy criticadas por haber causado numerosos heridos en los últimos meses. El sábado se utilizaron con gran contención, algo que el Ejecutivo piensa que tuvo un impacto negativo en el dispositivo policial. Delpuech será reemplazado este miércoles por un ‘duro’, el hasta ahora prefecto de Nueva Aquitania, Didier Lallement.
Nueva Ley Antidisturbios
La estrategia de mantenimiento del orden que se venía usando desde los disturbios de diciembre, y que había conseguido reducir los destrozos, «no se aplicó correctamente» el sábado. Se basa fundamentalmente en el filtrado, registros y detención preventivas de aquellos que quieren introducir objetos considerados peligrosos en las manifestaciones, así como en el despliegue de unidades ligeras y con gran facilidad de movimiento, que se dedican a extraer de la masa de manifestantes a los más violentos.
Pronto, sin embargo, el Gobierno contará con una nueva herramienta represiva para hacer frente a los excesos violentos de los manifestantes. Se trata de la nueva Ley Antidisturbios, en proceso de revisión por el Consejo Constitucional, que permitirá prohibir la participación en las manifestaciones a ciertos individuos, o que convertirá en delito cubrirse la cara, la estrategia que utilizan los ultras para evitar ser reconocidos. Este lunes, además, se anunció que las multas por participar en una manifestación prohibida aumentarán de 38 a 135 euros y que se perseguirá a aquellos «que fomenten o justifiquen la violencia».
