Se comenta solo…
Por: Carlos Ramos Padilla
En este sexenio lejos de aplicar la ley a las bandas
delincuenciales se les ha tratado con afecto, consideración y en ocasiones
apoyo. El propio presidente ha sido visto con familiares de narcotraficantes y
constantes visitas a Baridaguato. El saludo a la mamá del Chapo fue un mensaje
claro de que los escucha y los atiende y el ofrecer disculpas por decirle Chapo
a Joaquín Guzmán es un síntoma de respeto. Pero más aún, hay videos y
testimonios que exhiben a miembros de la Guardia Nacional conviviendo y saludando
a civiles armados en diferentes carreteras del país. Pero el asunto creció el
pasado 30 de junio cuando 16 trabajadores del penal de Ocozocoautla de la
secretaría de Seguridad del estado de Chiapas fueron secuestrados por un grupo
del crimen organizado. De acuerdo al gobernador Rutilio Escandón, fueron
empleados liberados a los tres días debido a las gestiones del gobierno
Federal. La exigencia de los secuestradores era la destitución fulminante de
tres funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad la cual, hasta donde
se sabe, no procedió y aun así fueron liberados los trabajadores. Semanas
después en Chilpancingo, Guerrero, el 11 de julio, se generó una manifestación
y un bloqueo con la participación de cerca tres mil pobladores de Quechultenango.
El siguen al parecer la liberación de algunos secuestrados. No hubo más
información y el enfrentamiento fue controlado por negociaciones según la
gobernadora del Estado.
Al parecer y por las versiones oficiales se negoció con los
crimínales por encima de la ley que evidentemente no se aplicó. Fueron y se
trataron de actos premeditados de violencia hacia la población civil con
exigencias de carácter político y de cambios en mandos del gobierno. Y con
frecuencia esto mismo se repite en la autopista Mexico/Cuernavaca en donde ya
es un deporte secuestrar casetas de peaje y extorsionar a los automovilistas en
ocasiones frente a la presencia de la Guardia Nacional sin que estos
intervengan. Los Estados Unidos han declarado la guerra frontal contra los grupos
terroristas incluyendo a los carteles mexicanos de la droga. Congresistas de
aquella nación han exigido al gobierno de Biden ya intervenir en Mexico ante la
complaciente política de AMLO y su estrategia de “abrazos no balazos”. Allá del
otro lado de la frontera “the rules of the law” impide negociar con
terroristas. Aquí, se resuelve con acusar a los delincuentes con sus abuelitos,
caso concreto el secuestro en Chiapas. Calificar de terroristas a los narcos
mexicanos es delicado, pero quienes se niegan esconden la impunidad
argumentando que estos grupos no pretenden ni influir en actos de gobierno ni
tomar el poder. Sin embargo, lo hacen de manera indirecta interviniendo directa
o indirectamente en los procesos electorales o asesinando a los candidatos inconvenientes.
El caso dé Ayotzinapa se dimensiona al considerar que en evento de la
desaparición de jóvenes hubo contubernio entre gobernantes y células del
narcotráfico además de que la rural Isidro Burgos funciona como núcleo de
adiestramiento paramilitar y adoctrinamiento político, ambos asuntos que ni ha
desmentido el gobierno ni ha intervenido en su control. Asunto que viene a
detonar incluso en las instalaciones secuestradas el interior de la UNAM y que
se ha demostrado su vínculo con grupos crimínales e incluso las FARC. Así que el gobierno mexicano debe aclarar
este tipo de negociaciones que van más allá del discurso oportunista de
respetar sus derechos “porque también son humanos”.
*Conductor del programa VaEnSerio mexiquense tv canal 34.2,
izzi 135 y mexiquense radio
