Especial / La Revista
En sesión ordinaria, las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad la solicitud del Gobernador del Estado para la ampliación de plazo, hasta por 30 días naturales, para la presentación de la cuenta pública, que tiene como límite el 30 de abril, así como el avance de gestión financiera y de desempeño, ambas del primer trimestre de 2020.
Sobre el tema, Alejandro Cuevas Mena (PRD) indicó que se debe hacer un llamado al Ejecutivo estatal para hacer extensiva esta ampliación para los poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos y descentralizados, al igual que a los 106 municipios del estado, porque el Gobierno del Estado es el único facultado para solicitarlo como lo establece el artículo 30 de la Constitución Política de Yucatán.
Además, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad, el punto de Acuerdo presentado por Enrique Castillo Ruz (PRI), para que el Congreso del Estado prorrogue los plazos de presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, a las entidades fiscalizadas contempladas en la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública y la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado, del 30 de abril de 2020, a más tardar el día 31 de mayo próximo, como parte de las medidas preventivas de la emergencia sanitaria del covid-19.
Por mayoría, con 17 votos a favor y 4 en contra, el punto de Acuerdo presentado por Marcos Rodríguez Ruz (PRI), para que el Congreso del Estado, en plena observancia a la división de poderes, solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a la brevedad posible, se sirva enviar a esta Soberanía el listado definitivo que contenga los nombres de las personas beneficiarias que cumplieron con los requisitos establecidos en el Programa Seguro de Desempleo, en medio digital.
También, en el que sea posible separar e identificar por municipio a las y los ciudadanos que cumplieron con los requisitos del citado programa y que recibirán un recurso económico durante la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19.
Al igual, que se sirva instalar el Comité de seguimiento al ejercicio, aplicación, desarrollo del proyecto y destino de los recursos autorizados en la ampliación presupuestal adicional a las asignaciones originalmente autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020, recientemente aprobado por esta Legislatura.
Por otro lado, fue admitido por mayoría para segunda lectura, el proyecto de acuerdo del diputado, Luis Aguilar Castillo (Nueva Alianza), para que el Congreso del Estado exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal y al Congreso de la Unión, para que lleve a cabo las reformas, adiciones y asigne el Presupuesto necesario para que todo el personal médico, de enfermería y de intendencia, que sea contratado de manera temporal, específicamente para enfrentar esta pandemia y al personal de residentes médicos que hoy realizan su especialidad y afrontan con su trabajo la enfermedad Covid-19 y concluyan su residencia médica, se les garantice una base laboral de manera definitiva y se otorgue de forma gradual en el Sistema de Salud, respetando los escalafones establecidos en las diferentes instituciones.
En otro punto, se aprobó por mayoría, con 15 votos a favor y 7 en contra, el punto de Acuerdo presentado por el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández (PRI), a nombre de las y los legisladores de su bancada, para solicitar respetuosamente a los Titulares del Ejecutivo estatal y a los presidentes municipales, para que en uso de sus facultades y en medida de sus posibilidades, puedan realizar la contratación y acuerdos con las empresas de seguridad privada, para que puedan servir como auxiliares en los retenes de salud establecidos, con la finalidad de apoyar en la reactivación económica de estas empresas y permitir que las autoridades puedan avocarse a las tareas de seguridad pública.
En la misma plenaria, se turnó a la comisión de Justicia y Seguridad Pública, la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley del Notariado y la Ley del Catastro, ambas del Estado, suscrita por la diputada Kathia Bolio Pinelo (PAN); así como la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado, en materia de lesiones causadas a personal de salud, en caso de emergencia sanitaria, presentada por el diputado Felipe Cervera Hernández, a nombre de la fracción del PRI.
Sobre este último punto, Luis Borjas Romero (PRI), explicó que se crearía el artículo 350-Bis en el Código Penal para que cuando el ofendido pertenezca a una institución médica o de prestación de servicios de salud pública o privada, para aquellas lesiones que no pongan en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar hasta quince días, se le impondrán a quien la infiera, de uno a tres años de prisión o de cincuenta a doscientos días-multa y de cincuenta a cien días de trabajo en favor de la comunidad. Si tardare en sanar más de quince días se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de cincuenta a quinientos días-multa.
Cuando las conductas señaladas en el presente artículo se cometan durante una emergencia sanitaria o, quien las infiera sea un servidor público, las penalidades del párrafo anterior se aumentarán hasta en una mitad más.
Desde su curul, Manuel Díaz Suárez (PAN), también presentó una iniciativa para adicionar el artículo 185 bis, así como reformas al Código Penal del Estado, para sancionar de 2 a 5 años de prisión a quien realice o incite a actos de violencia contra el personal médico, que podría aumentar si se realice en una emergencia sanitaria.
