Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acudió este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para participar en una audiencia preliminar dentro del proceso que se sigue en su contra por presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. La comparecencia forma parte del tramo final de la fase de instrucción y antecede a la decisión sobre una eventual apertura de juicio oral con jurado.
La cita judicial fue encabezada por el juez Juan Carlos Peinado, quien también citó a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres figuran como procesados dentro de una causa que comenzó en abril de 2024, después de una denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias, basada inicialmente en informaciones periodísticas.
Durante la audiencia, las acusaciones populares coordinadas por Hazte Oír solicitaron medidas cautelares contra Gómez, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. La misma petición se planteó para Cristina Álvarez, mientras que no se solicitaron medidas similares contra Barrabés. De acuerdo con la información difundida por medios españoles, el juez no resolvió de inmediato sobre estas medidas y la decisión quedaría pendiente para los próximos días.
La presencia de Gómez en los juzgados representa una nueva comparecencia dentro de un caso que ha generado amplia tensión política en España. La defensa y la Fiscalía han sostenido que no existen elementos suficientes para mantener abierta la causa y han pedido su archivo, mientras que las acusaciones populares defienden que el procedimiento debe avanzar hacia juicio. En la audiencia, la defensa denunció una supuesta utilización política del caso y afirmó: “Quien quiera hacer política que vaya a la calle, no a un tribunal”.
El procedimiento se centra, entre otros puntos, en la presunta relación profesional de Gómez con la Universidad Complutense de Madrid y en el desarrollo de proyectos vinculados a una cátedra extraordinaria. También se investiga si Cristina Álvarez, desde su puesto como asesora en La Moncloa, habría colaborado en actividades privadas de Gómez, una línea que el juez ha relacionado con una posible malversación.
Según la versión de las acusaciones, Gómez habría aprovechado su posición como esposa del presidente del Gobierno para impulsar su actividad profesional y facilitar determinados contactos institucionales. La defensa, por el contrario, ha rechazado esa interpretación y ha insistido en que la trayectoria académica y profesional de Gómez es anterior a la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
El caso ha quedado ahora en una etapa clave: el juez deberá resolver si dicta la apertura de juicio oral o si atiende las peticiones de archivo planteadas por la Fiscalía y las defensas. Mientras tanto, la solicitud para retirarle el pasaporte a Begoña Gómez añade un nuevo elemento de presión jurídica y política a un proceso que continúa bajo fuerte atención mediática en España.
