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Condenan a dos hombres por ataques incendiarios contra propiedades vinculadas a Keir Starmer

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Dos hombres fueron declarados culpables por su participación en una serie de ataques incendiarios contra propiedades y un vehículo vinculados al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en un caso que encendió las alertas de las autoridades británicas por el riesgo que representó para la vida de los ocupantes y por la forma en que los hechos habrían sido coordinados mediante contactos anónimos en internet.

El fallo fue emitido por un tribunal de Londres, tras un juicio celebrado en Old Bailey. Los condenados son Roman Lavrynovych, ciudadano ucraniano de 22 años, y Stanislav Carpiuc, ciudadano rumano nacido en Ucrania, de 27 años, quienes fueron declarados culpables de conspiración para cometer daños mediante incendios. Un tercer acusado, Petro Pochynok, de 35 años, fue absuelto del mismo cargo.

Los ataques ocurrieron en mayo de 2025, durante varias madrugadas, y estuvieron dirigidos contra bienes relacionados con Starmer. Entre los hechos señalados por las autoridades se encuentra el incendio de un vehículo Toyota RAV4 que anteriormente había pertenecido al primer ministro, así como ataques contra viviendas vinculadas a su entorno personal y familiar. De acuerdo con la investigación, los incendios fueron provocados de manera deliberada y se registraron mientras había personas dentro de los inmuebles, lo que elevó la gravedad del caso.

Lavrynovych también fue condenado por delitos adicionales relacionados con incendios provocados con imprudencia, debido al riesgo que los actos representaron para la vida de terceros. Las autoridades subrayaron que no se trató únicamente de daños materiales, sino de hechos que pudieron tener consecuencias mucho más graves.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Lavrynovych fue reclutado a través de Telegram por un contacto rusoparlante identificado con el alias de “El Money”, quien presuntamente le ofreció un pago en criptomonedas a cambio de ejecutar los ataques y grabarlos para que tuvieran repercusión mediática. Según la acusación, el objetivo era generar temor e inestabilidad alrededor del jefe de Gobierno británico.

La investigación también reveló comunicaciones entre Lavrynovych y Carpiuc antes y después de los ataques, así como rastros digitales y evidencia forense que permitieron relacionarlos con los hechos. La Policía Metropolitana de Londres informó que los detectives de la unidad antiterrorista asumieron el caso después del tercer incendio y lograron identificar a los implicados en pocos días.

La comandante Helen Flanagan, de la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana, afirmó que las acciones fueron “increíblemente imprudentes” y señaló que “fue pura suerte que nadie muriera o resultara herido”. Además, advirtió que los delitos coordinados por cuentas anónimas en línea, mediante promesas de pago, se han convertido en una tendencia recurrente en investigaciones recientes.

Aunque durante el proceso se mencionaron posibles vínculos del contacto anónimo con redes rusoparlantes y grupos prorrusos, el caso judicial se concentró en los hechos de incendio y conspiración, sin que fuera necesario probar una motivación ideológica por parte de los acusados. Las autoridades indicaron que los implicados habrían actuado principalmente por dinero y no necesariamente por una convicción política.

El caso ha generado preocupación en Reino Unido por el uso de plataformas digitales para reclutar a personas dispuestas a cometer actos de sabotaje o violencia a cambio de pagos que, según la investigación, ni siquiera llegaron a concretarse. También abrió una discusión sobre la vulnerabilidad de figuras públicas y sus familias frente a ataques indirectos, especialmente cuando estos son ejecutados en zonas residenciales.

Lavrynovych y Carpiuc serán sentenciados en una audiencia prevista para el viernes 19 de junio en Old Bailey. Mientras tanto, las autoridades británicas destacaron que las condenas envían un mensaje claro contra quienes acepten participar en ataques organizados por terceros bajo promesas de dinero, intimidación o repercusión pública.

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