Por: Jorge Valladares Sánchez.*
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Juicio Ciudadano a Autoridades Actuales
Pues… ¡sucedió! Habrá Consulta Popular. Incluso entre la lamentable polarización de la opinión pública, podemos conversar de lo que para la ciudadanía representa este ejercicio, que de hecho ocurrirá y nos costará más de 500 millones de pesos, tomados de nuestros impuestos.
Aprovechémosla para tomar elementos frescos para ver, evaluar o juzgar el comportamiento y desempeño de las autoridades que intervienen y aquellas que pretendan de alguna manera usar lo que resulte a partir del domingo 1 de agosto en la noche. Otros/as actores políticos, sin cargo actual, no ameritan malgastar en este momento la lupa, aunque de que lo usarán, ¡lo usarán! Pero las autoridades, por tener un cargo por el que les pagamos, no deberían.
Hice un análisis más extenso (ver en facebook.com/dr.jorge.valladares) como consultor y especialista. Comparto aquí desde mi óptica de ciudadano, lo que creo más útil sobre la mal llamada “consulta popular sobre los expresidentes”, eufemística y técnicamente designada Consulta Popular 2021. Describo la situación que veo, lo que la ley establece y algunas opiniones que tengo; la intención es que conversemos sobre el tema y hallemos sentido a este ejercicio.
Situación Observable
El domingo 1 de agosto de 2021 se llevará a efecto la Consulta Popular 2021. La pregunta será:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
La consulta fue solicitada por el Presidente de la República. Cuando era candidato, propuso hacer un gobierno radicalmente diferente a sus antecesores, incluyendo en varios de sus discursos la posibilidad de juzgarlos y castigarlos. Ya electo generó ejercicios que también fueron llamados consultas (sin serlo).
El año pasado se iniciaron intentos de solicitar esta consulta por vía ciudadana; no prosperaron. La petición de esas personas y la del Presidente usó básicamente el mismo documento, expresando como motivo general desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante 30 años, como resultado de actos voluntarios y racionales por parte de quienes lo gobernaron. Igual se indica que aplicaron mecanismos de encubrimiento e impunidad, así como acuerdos tácitos de protección entre presidentes entrantes y salientes.
Los motivos particulares sobre cada expresidente fueron:
- Carlos Salinas. Crecimiento de las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres, así como la entrega de cantidad sin precedentes de bienes públicos a particulares.
- Ernesto Zedillo. Privatización de bienes nacionales y adjudicar al conjunto de mexicanos deudas privadas por 552 mil millones de pesos.
- Vicente Fox. Intervenir en el proceso electoral para impedir el triunfo de la oposición.
- Felipe Calderón. Una estrategia militar que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo el control de bandas delictivas, y la irresponsabilidad o complicidad al tener como Secretario de Seguridad Pública a García Luna.
- Enrique Peña. Procedencia desconocida de grandes cantidades de dinero en su campaña y complicidad en la entrega de dinero a legisladores del PAN para aprobar propuestas.
En la solicitud (y varios discursos) López Obrador expresa que él votaría por NO someter a los expresidentes a proceso, bajo un idea de enfocarse al futuro y no repetir el pasado, afirmando que “la venganza no es su fuerte”. La pregunta que propuso fue:
¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
La gran diferencia entre ambas preguntas fue resultado de que la SCJN la aceptó como constitucional por 6 votos contra 5, a pesar de que el proyecto de la ponente era rechazarla por un “concierto de inconstitucionalidades”. Posteriormente con 8 de 11 votos a favor se aprobó la modificación a la pregunta. El Ministro Presidente de la SCJN ha declarado que la consulta no es contra expresidentes, que se redactó con ambigüedad, conscientemente, para evitar un problema de inconstitucionalidad.
El Congreso convocó a la realización de la consulta popular, poniéndola a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), le dieron 15 días para llevarla a cabo y difundirla, aunque desde 4 meses antes ya se habían iniciado los preparativos. El INE solicitó un presupuesto de mil quinientos millones de pesos para la consulta; le fue negado. Declaró que la realizarían con 522 millones tomados de su presupuesto normal del 2021 y que instalarán 57,138 mesas receptoras, a diferencia de las 162,570 casillas de la elección federal inmediata.
Aspectos Jurídicos
La Constitución Mexicana establece que “la imposición de las penas … son propias y exclusivas de la autoridad judicial” (art. 21); que el Congreso tiene facultad para expedir “… La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse…” (art. 73 XXI b). Y “corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal…” (art. 102).
La consulta popular se establece en una reforma de agosto de 2012, se concreta en la Ley Federal de Consultas Populares (LFCP), de marzo de 2014 y se modifica en la Constitución el 20 de diciembre de 2019. Faculta al Presidente a utilizarla para el sistema nacional de planeación democrática y el plan y los programas de desarrollo nacional (art. 26) y establece que deben aplicarse sobre temas de trascendencia nacional, puntualizando que para que el voto de la ciudadanía obligue a las autoridades debe participar al menos el 40% de la lista nominal.
La LFCP define a la consulta como el instrumento para que la ciudadanía votando, tome parte de las decisiones de los poderes públicos, estableciendo este acto como un derecho y una obligación. Respecto a la pregunta, esta ley ordena a la SCJN asegurarse de que la pregunta sea expresada en lenguaje sencillo y comprensible.
Aristas Sociales
Por primera vez, ahora sí, en la historia de México, se llevará a cabo una Consulta Popular, lo cual para personas como yo podría ser una excelente noticia, todo un laboratorio, una manjar a paladear, un anhelo materializado. Pero… no es simplemente así.
En las leyes de los estados tienen más tiempo de existir los Mecanismos de Participación Ciudadana (MPC), pero se han utilizado apenas en pocas decenas de casos locales. Es de entenderse que mucha gente no sepa que existen, y si lo sabe, no sepa para qué o cómo funcionan, y si lo sabe, no tenga interés o claridad del potencial de estos instrumentos para propiciar que, luego de votar por una persona para que administre lo público o nos represente, aún podamos decirle lo que sí o no debe hacer con nuestros recursos y leyes. Y aunque sepa que existen, cómo usarlos y su potencial, no tenga entre sus prioridades hacer algo al respecto.
Y es que un MPC es el instrumento que la ley contempla (como quiera que lo regule) para que la ciudadanía participe directamente en decisiones muy importantes de la gobernanza. Por ejemplo, las grandes obras públicas (plebiscito), los cambios en la ley (referéndum), las acciones del gobierno en algún tema trascendental para “todos” (consulta popular), el destino de los recursos públicos (presupuestos participativos) y otros más.
El poco uso de los MPC también se explica porque el conjunto de ciudadanos/as que lo soliciten deben ser del 2 o más porciento de votantes y el resultado sólo obliga a quien gobierna a obedecer la decisión si la gente que participa representa un porcentaje de población que anda del diez al cincuenta por ciento.
O sea, difícil que la ciudadanía esté enterada, que alcance el porcentaje para solicitarlo y que participe el porcentaje necesario para que sea obligatorio acatar lo que elija la gente. Incluso en elecciones federales en promedio han votado 58 de cada 100 electores, siendo más cuando se elige Presidente (65%) que cuando no (52%).
Ruta Ciudadana
Las aristas de este asunto no permiten que sea simple. Así que puntualizo lo que está a la vista frente a la Consulta Popular 2021.
En principio muchos intereses políticos y partidistas, que igual se procurarán atender por las personas involucradas, sea cual fuere el porcentaje que participe o el resultado que se obtenga, y lo mismo hubiera ocurrido si no se llevaba a cabo la consulta. Pero eso, para la ciudadanía habría de ser poco relevante.
Sin duda, la gran mayoría de mexicanos/as tenemos 1 y 1000 temas que reclamarle a los actores políticos del pasado y el presente. Y coincidiríamos en aplicar castigos justos para los abusos y traiciones que hayan cometido, tal vez incluso por sus errores y deficiencias, que todos tienen por incompetencia o hasta por ser humanos. Y también en que las autoridades reciben sueldos altos de nuestros impuestos y deberían a cambio cumplir en el máximo grado posible sus obligaciones o irse si no pueden con ello, especialmente en los temas de justicia, seguridad y uso de los recursos públicos. Pero todo eso no es parte de la Consulta y seguiremos esperando vías y momentos para que empiece a pasar.
Para la ciudadanía, considero, la Consulta Popular representa ahora al menos cuatro aspectos aprovechables:
- Poner a funcionar un mecanismo que está en ley para tomar decisiones que obliguen a quien gobierna a considerar su parecer. Esto se llama Democracia Directa. En este caso no servirá para algo tangible y benéfico, pero queda a disposición nuestra.
- Datos para conocer, si queremos, el comportamiento de nuestras instituciones. Revisando cómo evolucionó el tema desde una propuesta de candidato hasta el galimatías sobre el que podemos votar el 1 de agosto.
- Todo un escenario para seguir observando el comportamiento político. Podremos ver quiénes y cómo asumen como triunfo cualquier resultado que se dé. Podremos saber y exigir (o no) que se haga algo con respecto al resultado.
- Tenemos un escenario de unos días para reflexionar sobre participar o no, opinar o no, y valorar nuestras reflexiones y acciones al calor de los resultados y de las acciones políticas y administrativas que vengan en secuencia (no necesariamente en consecuencia).
Es claro que aún en el caso ideal de que nos volquemos a votar, como si fuera al menos una elección intermedia, y superemos ese 40% y sea una fiesta democrática la experiencia, las autoridades harán lo que consideren, sea que gane el SÍ o gane el NO. Esto por tres razones:
– Para perseguir delitos no hay pertinencia de consultar. El Ministerio Público pudo, puede y podría hacerlo en cualquier momento, con, sin, contra o en nombre de la consulta. ¿Lo hará algún día? Mientras no lo haga, ningún juez está obligado a nada. Lo mismo podemos decir de los congresos que han visto pasar tantas cosas, sin llamar a nadie a juicio político.
– Por vueltas que le demos a la pregunta y brillante y consensada que sea nuestro entender, no significa ninguna obligación de hacer algo específico para autoridad alguna si gana el SÍ. Y si gana el NO, menos. Pero a la vez tampoco impide cosa alguna respecto a las obligaciones que deberían cumplir, por lo cual, mal harían en escudarse en ese resultado.
– Si a cualquier autoridad se le ocurriera ejercer alguna de sus funciones aludiendo al resultado de la consulta, sería completamente a su criterio la elección de la acción pertinente, el proceso adecuado, la decisión política a considerar, el periodo del pasado, el/la actor político, la forma de garantizar justicia y las posibles víctimas. Lo único que tendría claro tan valerosa, pero confundida, autoridad sería que debe hacerlo en apego al marco constitucional y legal y atendiendo a los derechos de esas víctimas. Cosa que en nuestra historia muy pocas veces ha bastado para que a víctima alguna, cualquier autoridad, le garantice sus derechos, y ¡justicia, menos!
Mi conclusión la digo compartiendo lo que haré este domingo 1 de agosto, con acento en mi ser papá y ciudadano. Este domingo, como cuando voy a votar y como en las dos ocasiones en las que me tocó ser árbitro estatal en las elecciones, le contaré a mis hijas en casa lo que está pasando y lo que haré.
Saldré temprano e iré a la mesa receptora que me corresponde. Agradeceré a los/as funcionarios su atención. Votaré por el SÍ, porque esa pregunta además de ambigua y subjetiva, también es algo que deseo que llegue a pasar, a diario en mi País. Y añadiré en la papeleta, sin invalidar mi voto, las siguientes palabras:
SÍ estoy de acuerdo en que la Consulta Popular se llegue a usar para que la ciudadanía pueda decidir temas que son relevantes, que las autoridades hagan lo que se les paga por hacer y que se castigue a toda persona que viola la ley o traiciona su encargo. NO estoy de acuerdo con esta forma en que desperdiciaron el mecanismo, el dinero y la esperanza de México.
Jorge Valladares, Ciudadano Mexicano.
¡Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo usa! Aquí está la Consulta Popular, usémosla como una oportunidad de Juicio Ciudadano hacia nuestras autoridades, lo que han hecho y lo que hacen. Y, tal vez, algo cambie en lo que hagan en adelante.
*Jorge Valladares Sánchez
Papá, Ciudadano, Consultor.
Doctor en Ciencias Sociales.
Doctor en Derechos Humanos.
Coordinador Nacional de la Red Cívica Mx, A.C.
Especialista en Psicología y Licenciado en Derecho.
