El Gobierno de Perú atraviesa una crisis política profunda tras la decisión del presidente interino, José María Balcázar, de aplazar la compra de 24 aviones de combate F‑16 fabricados en Estados Unidos, operación valorada en aproximadamente 3 500 millones de dólares que había generado expectativas para la modernización de la Fuerza Aérea del país.
Este miércoles, el canciller Hugo de Zela y el ministro de Defensa Carlos Díaz presentaron su renuncia en desacuerdo con la postura del mandatario interino, quien argumentó que al ser una autoridad transitoria no tiene “legitimidad” para comprometer al próximo gobierno con una deuda tan elevada por adelantado. De acuerdo con informes periodísticos, en una carta de renuncia Díaz afirmó que postergar la adquisición “podría comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia”.
Según la versión de De Zela, los contratos para la adquisición de los F‑16 ya se habían firmado y un primer pago estaba programado, lo que contrastó con las declaraciones públicas del presidente. Por su parte, Balcázar señaló que su intención era trasladar la decisión al siguiente gobierno y priorizar el uso de recursos en asuntos como proyectos sociales y necesidades internas, marcando una clara diferencia con la línea mantenida por sus ministros.
La controversia ha trascendido el ámbito interno. El embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, expresó su descontento a través de redes sociales, advirtiendo que si Perú “negocia de mala fe” se tomarán medidas para proteger los intereses de su país.
La compra de los F‑16, que enfrenta ahora este debate, había sido parte de un proceso de varios años para renovar la envejecida flota aérea peruana. En el proceso compitieron diversas empresas internacionales, incluidas firmas de Estados Unidos, Suecia y Francia.
El conflicto ocurre en un contexto de inestabilidad política continua en Perú, con elecciones presidenciales en curso y disputas sobre la gobernabilidad que han marcado la escena pública en los últimos años.
Los efectos de estas renuncias y la polémica sobre la compra de aviones F‑16 podrían extenderse más allá del gabinete, impactando las relaciones internacionales del país y la credibilidad de su estrategia de defensa en el mediano plazo.
