IKEA, la multinacional sueca de muebles, anunció que aportará seis millones de euros (aproximadamente 6,5 millones de dólares) a un fondo de compensación para víctimas del trabajo forzado en la antigua Alemania Oriental. Esta contribución responde a la explotación de prisioneros políticos durante el régimen de la República Democrática Alemana (RDA), quienes, en condiciones penosas, fabricaban productos para la empresa y otras compañías occidentales. El fondo, que será gestionado por el gobierno alemán, se utilizará para compensar a cerca de 2.000 afectados, según estimaciones de las autoridades.
El anuncio fue elogiado por Evelyn Zupke, Comisionada Federal para las Víctimas de la Dictadura del Partido Socialista Unificado, quien expresó que la contribución de IKEA “refleja un enfoque responsable hacia los capítulos oscuros de su historia”. La ejecutiva subrayó la importancia de este paso para ayudar a personas que sufrieron bajo el sistema dictatorial de la RDA, esperando que inspire a otras empresas a seguir el ejemplo de la multinacional sueca.
La explotación de prisioneros políticos en la RDA fue una práctica común entre las décadas de 1970 y 1980, según un estudio de la Universidad Humboldt. Durante esos años, miles de reclusos fueron forzados a producir bienes en talleres penitenciarios, destinados a marcas de renombre en Occidente. La declaración de IKEA y su disposición a compensar a las víctimas llega después de que en 2012 la empresa admitiera la responsabilidad de sus proveedores en el uso de mano de obra forzada en aquel período.
Walter Kadnar, CEO de IKEA en Alemania, manifestó: “Lamentamos profundamente que nuestros productos también hayan sido fabricados por prisioneros políticos en condiciones deshumanizantes. Nuestra contribución al fondo busca honrar nuestra palabra de apoyar a quienes fueron afectados”. Este fondo, pendiente de aprobación parlamentaria, marca un paso simbólico hacia la justicia para quienes fueron explotados bajo el régimen de la RDA.