La Fiscalía de la República Dominicana ha imputado hoy, 19 de junio de 2025, a Antonio y Maribel Espaillat por su presunta responsabilidad en el desplome del techo de la emblemática discoteca Jet Set, situada en Santo Domingo, que provocó la muerte de al menos 235 personas y dejó más de 180 heridos durante un evento el pasado 8 de abril.
Según el informe del ministerio público, ambos propietarios actuaron con “sistemática y grave negligencia” al ignorar advertencias previas sobre filtraciones, grietas y sobrepeso en la estructura, pese a las reiteradas peticiones de revisión por parte de trabajadores. En una ocasión, se reportó que un empleado alertó a Antonio Espaillat el 7 de abril: “hay un tema importante […] los plafones se están rompiendo […] es peligroso”. Maribel, presente durante el aviso, decidió continuar con la celebración de una popular noche de merengue, desoyendo incluso el riesgo evidente.
Los hermanos fueron detenidos el pasado 12 de junio, acusados formalmente del delito de homicidio involuntario, que conlleva penas de entre tres meses y dos años de prisión. Durante la audiencia en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, se les impuso una fianza de 50 millones de pesos dominicanos —aproximadamente 750 000 euros—, así como la prohibición de salir del país. La Procuraduría ha anunciado que apelará dicha medida, al calificarla de “burla a las víctimas”.
El colapso del techo ocurrió durante una presentación de Rubby Pérez, cuando el local, con capacidad para unos 2 000 asistentes, estaba sobrecargado con aires acondicionados, ductos, tinacos y otros equipos que aumentaron el peso de la cubierta. La investigación también ha revelado que las reformas arquitectónicas, iniciadas en 1994 y especialmente incompletas en 2014, contribuyeron a la falta de refuerzos críticos, con “total inobservancia de los reglamentos”.
El Ministerio Público sostiene que se ha tratado de un patrón prolongado de negligencia y corrupción, que incluye supuestos sobornos, amenazas a testigos y ocultamiento de pruebas. Asimismo, se critica la omisión del Estado y del Ayuntamiento por no haber realizado inspecciones estructurales adecuadas a un establecimiento de alto aforo.
La comunidad y los familiares de las víctimas han expresado su indignación ante lo que describen como una tragedia “evitable”. El abogado de los querellantes ha calificado la investigación de “imputación favorable a los imputados” y considera que el delito debería elevarse a homicidio con dolo eventual. Por su parte, la defensa alega que no existía riesgo de fuga y que cooperarán con el proceso judicial.
Mientras tanto, República Dominicana continúa con la recuperación de la gran cantidad de heridos y la atención a los cerca de 60 recursos legales presentados por víctimas particulares, el Estado y autoridades locales.
