Senado de Colombia aprobó una reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, en medio de un complejo escenario político marcado por la suspensión de una consulta popular y un ambiente de creciente tensión institucional.
Entre los principales cambios, se amplió el recargo nocturno para iniciar a las 7 p.m. con un pago del 35 %, se elevó el recargo dominical y festivo del 75 % al 100 % de manera gradual hasta julio de 2027, se limitaron los contratos a término fijo a cuatro años, y se reconoció el carácter laboral de los practicantes del SENA, quienes ahora recibirán aportes pensionales, primas, cesantías y vacaciones.
Asimismo, se incluyó cobertura de seguridad social para repartidores en plataformas digitales. Estos puntos representan una victoria significativa para el oficialismo, habiendo salido adelante con 57 votos a favor y 31 en contra. El proceso legislativo avanza ahora hacia una conciliación entre Senado y Cámara de Representantes, con plazo hasta el 20 de junio.
Paralelamente, el Consejo de Estado suspendió por inconstitucional un decreto del presidente Petro que convocaba a una consulta popular sobre la misma reforma laboral, argumentando que ese mecanismo requería autorización del Senado. Esta decisión, calificada por opositores como un “decretazo”, generó un fuerte choque entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Petro aseguró que retirará la convocatoria a la consulta si la reforma laboral sale adelante en la conciliación: “El Congreso tiene su última palabra”. No obstante, mantuvo que la opción ciudadana sigue vigente mientras persista la negociación legislativa .
Esta ola de eventos ocurre en un entorno ya marcado por la polarización, tras recientes atentados políticos y una aguda confrontación entre ramas del poder. La reforma pensional también ha sido objeto de debate y, aunque fue devuelta al Congreso por vía constitucional, avanza en paralelo.
Con estas decisiones, el presidente Petro asegura haber logrado un avance relevante en su agenda social, pero mantiene abierta la pugna con el Senado y la Corte, que cuestionan la constitucionalidad de sus métodos para impulsar cambios estructurales.
