La abogada Silvia Rocío Delgado García, quien formó parte del equipo de defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, fue electa jueza penal en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras los comicios judiciales del 1 de junio de 2025. Obtuvo el segundo mayor número de sufragios —más de 23 000— en el Distrito V Bravos, garantizándole un periodo de nueve años en el cargo.
Delgado, de 51 años y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, complementa su formación con una maestría en Amparo y una especialidad en Mediación, según datos del Instituto Estatal Electoral (IEE). Con 18 años de experiencia como litigante en diversas ramas —penal, laboral, civil, mercantil y familiar—, también se ha desempeñado como docente.
En defensa de su trayectoria, Delgado ha manifestado que el ejercicio de la abogacía no impide la imparcialidad judicial: «Todos mis clientes son igual de importantes… esto demuestra que tengo el carácter y el temple que se necesitan para juzgar». También expresó su respaldo al nuevo sistema de elección de jueces por voto popular: «Con ello no habrá jueces cuidando su lugar al emitir sentencias, al ser un puesto temporal».
Sin embargo, su designación generó preocupación entre organizaciones civiles como Defensorxs, que la calificó de «candidata de alto riesgo» por su vinculación con el narcotráfico. Se cuestiona la idoneidad de su perfil, amparada en el derecho constitucional de defensa, pero señalada por el posible impacto de este antecedente en la confianza pública del sistema judicial .
El cambio representa parte de una reforma sin precedentes, mediante la cual más de 2,600 cargos judiciales —incluyendo nivel federal y suprema corte— fueron sometidos a elección popular. La participación fue baja: solo alrededor del 13 % a nivel nacional y 11 % en regiones como Chihuahua, lo que exacerba el debate sobre su legitimidad y sobre el alcance real del control ciudadano.
Morena, partido en el poder, salió reforzado, lo que a su vez ha despertado alertas por la posible politización del sistema judicial, así como riesgos de influencia criminal. Defensorxs incluso ha anunciado intentos legales ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para impugnar candidaturas, incluida la de Delgado, por no cumplir con criterios de “buena reputación”; hasta ahora, ninguna ha sido descalificada.
Delgado ha asegurado que su trabajo se regirá por la ley y los hechos, y que no atenderá asuntos de crimen organizado de nivel federal. En los próximos días recibirá la constancia oficial del IEE, tras lo cual rendirá protesta si no prosperan las impugnaciones.
