La jueza del Distrito Sur de Florida, Kathleen Williams, emitió una orden que marca un giro decisivo para el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades, al oeste de Miami. En respuesta a una demanda interpuesta por organizaciones ambientalistas y la tribu Miccosukee, la impartidora de justicia determinó que no se admitan nuevos detenidos y que se suspendan inmediatamente nuevas obras en el sitio, que había sido habilitado apenas el 3 de julio en un antiguo aeródromo. Pasados 60 días, las autoridades deberán desmontar elementos como cercas, alumbrado, instalaciones sanitarias y de generación eléctrica, con el fin de restituir el entorno natural y permitir el paso a las comunidades indígenas.
Los grupos demandantes, que incluyen Friends of the Everglades, Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee, alegaron daños severos a una zona protegida que alberga especies en peligro, entre ellas la pantera de Florida, cigüeñas, caimanes y cocodrilos. Este fallo se alinea con una tendencia similar en medios internacionales que resaltan el peso de las evidencias ecológicas en esta decisión judicial. Por ejemplo, la agencia AP reportó que la jueza consideró que el Estado no justificó adecuadamente la ubicación del centro en una zona ecológicamente sensible ni realizó los estudios ambientales requeridos. Asimismo, The Washington Post subrayó los “daños irreparables” que la instalación generaba al ambiente del Big Cypress National Preserve.
Este fallo judicial constituye una victoria significativa para los defensores del medio ambiente y de los derechos indígenas, pues representa un rechazo frontal a una política migratoria impulsada sin consideración por las normativas ambientales. Aun cuando Florida ha apelado, el impacto inmediato de esta orden se traduce en la inminente clausura del centro y el repliegue de su infraestructura en un plazo muy breve.
