Por: José Buendía Hegewisch.
Los feminicidios revelan la devastación de la violencia de género en el tejido social, como si se tratara de una enfermedad infecciosa como la peste. Su paso deja una opinión pública conmocionada por el escándalo de mujeres torturadas, desolladas y niñas asesinadas en cuadros tétricos, como el caso de Fátima, sin que el gobierno de López Obrador atine a una respuesta, ni en la forma ni en el fondo, sobre cómo el Estado prevendrá y atacará estos crímenes en específico, más allá de sortear la perturbación. Perece no entender las causas y la forma de una crisis que parece de salud pública, algo absolutamente paradójico en un gobierno que tiene la igualdad y la justicia social en el centro de su agenda política.
Al igual que la discriminación, los grupos más vulnerables al desprecio de la violencia son mujeres, menores de edad y pobres. Precisamente, los sectores que encabezan una agenda gubernamental progresista y de izquierda y, sin embargo, los que menos certeza tienen de las autoridades. Quizá ninguna si se atiende su crecimiento y la impunidad con que se despide a las víctimas. Cerca de 10% de feminicidios reconocidos en 2019 fue cometido contra niñas menores de 14 años, como el grado más intenso de una situación patológica. Todo crimen indigna, pero el feminicidio, hoy, en México, alcanza nivel de alarma social, salvo para el gobierno. No escucha o lo ve como un asunto de la vida privada, de ahí su apelación a la moral.
Para el movimiento feminista, el gobierno no entiende las causas, a pesar de que diez mujeres son asesinadas cada día y casi en su totalidad desaparecen sin responsable ni castigo. La diatriba de la “cartilla moral” o decálogos de urbanidad, en vez de acciones concretas de seguridad y justicia, albergan el temor de que sólo reciclen prejuicios machistas, que son inseparables del problema en la policía, ministerios públicos, funcionarios o jueces. La respuesta al reclamo con juicios abstractos a la herencia neoliberal o la descalificación como “munición” para los adversarios, no hace sino elevar la presión en la calle contra las instituciones responsables de actuar. ¿Qué respuesta del gobierno si le dicen que una medida contra la violencia de género es garantizar el derecho a interrumpir el embarazo?
Responde que trabaja diario para acabar con las causas estructurales de la violencia como cualquier otra, cuando se trata de un asunto de derechos específicos. Y culpabiliza al oportunismo o interesados en dañar la imagen del gobierno, aunque ello no conjura el problema, como las acusaciones contra los judíos por la “peste negra” no detuvieron la enfermedad. Menos cuando llega después de contestaciones como la de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, del “ahora no”, al ser cuestionada por el crimen de Fátima. Incluso, la tentativa de señalar a la familia como responsable indirecta para soslayar evidentes deficiencias de la escuela y la dilación de las autoridades para actuar dentro las 24 horas clave para resolver un caso. Tan sólo unos días antes se había vivido el terrible impacto del brutal homicidio de Ingrid Escamilla, otro más en el ámbito familiar, donde las víctimas conviven con sus agresores en uno de los sitios más inseguros para su vida, pero no ajeno a la responsabilidad del Estado.
Las malas respuestas acorralan al gobierno. Bajo presión, el Presidente ofrece resucitar una fiscalía especializada en feminicidio, cuando, antes, la Fevimtra no pudo funcionar por falta de recursos. La posibilidad de resolver el crimen de Fátima es un paso en sentido correcto contra la impunidad y la “cadena de negligencias institucionales” —como reconociera Sheinbaum—, pero la magnitud del problema reclama políticas públicas para enfrentar una emergencia de salud pública, como podría ser el coronavirus, para garantizar sus derechos.
Con un movimiento cada vez más fuerte y visible, el gobierno se equivocaría en pensar que la conmoción pasará y las mujeres abandonarán las calles cuando baje la presión o la tapen otros escándalos. El federal, evidentemente, no es el único responsable, la mayoría de los crímenes competen a estados y municipios, pero sí es el referente de la respuesta pública y de acciones que lo reconozcan y demuestren que lo entiende.
