Editorial La Revista Peninsular.
En tiempos en los que la
irreverencia reina en el contexto político, es refréscate ver que gobernantes
se retracten de medidas criticadas por la población. Nos hemos acostumbrado a
que se impongan proyectos, muchas veces sin sustento, como el Tren Maya, el
Aeropuerto en Santa Lucía, o la Ley Bonilla, mediante mecanismos turbios y sin
que se consulte legítimamente a la población, lo que hace que las personas no
se sientan escuchadas.
No, las famosas
“consultas ciudadanas” no son suficientes.
Hace un par de días, el
gobernador Mauricio Vila anunció que ya no se cobraría el “impuesto de
seguridad” como muestra de su cercanía a la ciudadanía, pues escuchó el sentir
de los miles de yucatecos que expresaron su inconformidad. Dijo que se reunió
con Manuel Barlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, y que éste
le prohibió el cobro del impuesto mediante el recibo de luz. El gobernador
yucateco que compartió que consideró la opción de cobrar el impuesto en el
recibo de predial o de agua, pero pensando en el beneficio de los ciudadanos,
decidió desistir del cobro.
Mauricio Vila tomó una
sabia decisión, porque los yucatecos rechazaron el cobro de este impuesto desde
un inicio. Para empezar, el impuesto fue presentado junto con otros nuevos
impuestos que el gobierno estatal pretendía implementa, por lo que el enojo
natural que podría esperarse de la población por la creación de un impuesto se
agigantó al recibir varios de un solo golpe.
Asimismo, el tema sobre
el que versa el impuesto es muy sensible para los yucatecos: la seguridad. Por
una estrategia de comunicación poco completa para presentar el gravamen,
parecía que el gobierno estatal tenía secuestrada a la seguridad, y el impuesto
era el precio del rescate. La realidad es que lo recaudado por éste sería
utilizado para el mantenimiento de las cámaras de vigilancia que se encuentran
ubicadas en todo Yucatán, y son imprescindibles para el funcionamiento del
aparato de seguridad estatal.
Por lo anterior, debemos
reconocer que el gobernador Vila Dosal aseguró que aunque ya no se cobrará el
impuesto, los servicios de operación de las cámaras serían cubiertos para no
vulnerar la paz de los yucatecos. Los recursos para pagar estos servicios serán
obtenidos de lo que se ahorre por ampliaciones a las medidas de austeridad que
se aplicarán al interior del gobierno.
Considero que es muy
interesante el comentario que hizo el gobernador, al momento de anunciar la
cancelación del gravamen, sobre los costos políticos que asumía por sus
decisiones. Mauricio Vila dijo que estaba consciente que no lo eligieron para
ser el más popular o caerle bien a todos, sino que fue votado para sacar
adelante al estado, y eso ha estado haciendo, por eso su conciencia está
tranquila.
Recordemos que todos los
impuestos propuestos por el gobierno estatal son respuesta a los millones de
pesos recortados en el presupuesto por parte del gobierno federal. Desde el
principio se explicó que era necesario amentar la recaudación para que el
gobierno pudiese continuar proveyendo a los ciudadanos los servicios básicos.
Desde hace varios días,
diversas figuras políticas han acusado al gobierno federal de forzar a los
gobernadores a crear impuestos por recortes presupuestales, y así hacer que
ellos asuman el costo político. En el caso concreto de Yucatán, Mauricio Vila
se ha visto afectado considerablemente pues solía figurar entre los primeros
lugares de las encuestas de aprobación nacionales, y desde hace unas semanas
sus números cayeron.
A pesar de esto, el
gobernador ya aseguró que su objetivo no es la popularidad, sino gobernar.
Estas no parecen ser palabras vacías, pues el Gobierno de Yucatán pudo iniciar
un proceso legal en contra de la CFE y el gobierno federal, porque antes de
anunciar el “impuesto de seguridad” consultaron con el encargado regional de la
CFE en la región sobre la viabilidad del cobro del impuesto, y mediante un
oficio legal se les dio luz verde.
Con este documento, el
gobierno yucateco tenía suficiente fundamento para llevar el asunto a juicio,
pero el gobernador decidió que era mejor invertir su tiempo en trabajar por los
ciudadanos, por lo que no dio seguimiento al tema. Aún más, demostró que tiene
la capacidad de escuchar a la gente, y en vez de buscar la manera de cobrar e
impuesto mediante otro mecanismo, decidió implementar medidas de austeridad
para conseguir el presupuesto internamente.
El replanteamiento de la
postura de Mauricio Vila nos da la esperanza de que aún existen gobiernos
sensibles al sentir de los ciudadanos, y procuran promover la pluralidad en su
toma de decisiones. En estos tiempos necesitamos más gobiernos modestos, y
menos gobiernos necios.
