Agentes aduanales, pieza clave en la red de combustible ligada a Ernesto Ruffo
La investigación de la Fiscalía General de la República sobre la presunta red de contrabando de combustibles relacionada con la empresa Ingemar, de la cual es accionista el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, reveló la posible participación de agentes aduanales que habrían facilitado el ingreso irregular de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.
De acuerdo con la causa penal, la operación no habría podido desarrollarse únicamente mediante empresas importadoras y distribuidoras. La intervención de personas con acceso al sistema electrónico aduanero habría sido necesaria para registrar información inexacta sobre las cantidades y el tipo de mercancía transportada, además de validar los pedimentos utilizados para introducir los cargamentos al país.
Entre los principales señalados se encuentran los agentes aduanales Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Víctor José Carretero Zardeneta. La FGR sostiene que Chávez Rodríguez, en su calidad de mandatario de Ingemar, habría intervenido en los trámites correspondientes a 161 carrotanques en los que presuntamente ingresaron cantidades de combustible superiores a las declaradas.
Luis Antonio Barrientos Juárez, identificado como dependiente autorizado de Chávez Rodríguez, también habría participado en los procedimientos relacionados con cinco de las unidades investigadas. Aunque los reportes iniciales se concentran en dos agentes aduanales, la causa penal incluye a este tercer operador dentro de las personas que presuntamente facilitaron los trámites de importación.
En el caso de Carretero Zardeneta, las investigaciones lo relacionan con los procedimientos efectuados en nombre de Servicios Aduanales JR para la importación de dos carrotanques. Uno de ellos fue declarado ante las autoridades como un cargamento de 652 mil 250 litros de cloruro de calcio. Sin embargo, los peritajes determinaron que la unidad contenía aproximadamente 111 mil litros de diésel automotriz.
Una segunda unidad fue registrada como si transportara más de 796 mil litros de cloruro de calcio, pero los especialistas encontraron en su interior alrededor de 114 mil litros de gasolina regular. Para la Fiscalía, estas diferencias muestran que los documentos aduanales pudieron ser utilizados para ocultar la verdadera naturaleza de los productos y evitar el pago de impuestos correspondientes.
Las autoridades federales consideran que la participación de los agentes se habría materializado mediante el uso de sus firmas electrónicas en los pedimentos de importación. Estos documentos fueron presentados bajo la responsabilidad de quienes realizaron los trámites, por lo que debían contener información correcta sobre el volumen, la clasificación arancelaria y las características de cada mercancía.
La investigación general sostiene que la red importaba derivados del petróleo desde Estados Unidos mediante declaraciones falsas o reportando volúmenes menores a los transportados. Una vez dentro de México, los hidrocarburos eran trasladados por ferrocarril a diferentes puntos de descarga y posteriormente transferidos a pipas y tractocamiones para su almacenamiento, comercialización y distribución. El Gobierno federal informó que la estructura investigada incluye a empresarios, operadores logísticos, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales.
El caso comenzó a tomar forma después del aseguramiento de 33 ferrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, durante julio de 2025. A partir de ese operativo, las autoridades identificaron miles de operaciones de importación y calcularon que aproximadamente 15.3 millones de litros de combustible no fueron declarados. La investigación también detectó movimientos financieros nacionales por más de 3 mil millones de pesos y operaciones cambiarias superiores a mil millones de dólares.
Ingemar aparece como una de las empresas centrales dentro de la indagatoria. La Fiscalía sostiene que, después de introducir los productos, la compañía presuntamente los habría enajenado y distribuido a diferentes entidades comerciales registradas como destinatarias en cartas de porte, guías de embarque y pedimentos de importación.
Ernesto Ruffo fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, por su posible responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando. Posteriormente, un juez le impuso prisión preventiva junto con otros acusados, medida que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.
El exgobernador ha rechazado anteriormente que Ingemar se dedicara al tráfico ilegal de combustible y ha sostenido que la empresa únicamente efectuaba trámites relacionados con la importación. También ha señalado que no era accionista mayoritario. Estas declaraciones forman parte de su postura pública, mientras que su responsabilidad jurídica deberá ser determinada durante el proceso judicial.
Las nuevas revelaciones colocan nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de vigilancia de las aduanas mexicanas. El expediente muestra que las redes de huachicol fiscal no dependen solamente de quienes transportan o comercializan el combustible, sino también de la posible colaboración de personas capaces de alterar, autorizar o validar la documentación necesaria para que los cargamentos crucen la frontera sin ser detectados.
Los señalamientos contenidos en la investigación todavía deberán ser acreditados ante los tribunales. Tanto Ernesto Ruffo como los agentes aduanales y las demás personas involucradas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva.