Amenazas, contratos y secretos: nuevos videos exhiben el conflicto entre Taddei y su contratista
La investigación presentada por el periodista Carlos Loret de Mola muestra una serie de conversaciones grabadas por el propio Hernández Casillas durante los primeros meses de 2026, cuando la relación que mantenía con Taddei atravesaba un conflicto. De acuerdo con el reportaje, el empresario habría utilizado las grabaciones como una forma de protección ante posibles represalias y como mecanismo de presión sobre la entonces presidenta del INE.
Uno de los fragmentos más comprometedores muestra al contratista relatando las advertencias que asegura haber dirigido a Taddei. Hernández Casillas afirmó que contaba con declaraciones y materiales resguardados en Europa, Estados Unidos y Canadá, los cuales podrían salir a la luz si algo le ocurría.
En la grabación, el empresario advierte que cualquier acción en su contra podría tener consecuencias para Taddei y para el propio Instituto Nacional Electoral, lo que evidencia el nivel de confrontación que, según su testimonio, había alcanzado la relación entre ambos.
Las revelaciones también incluyen referencias a asuntos relacionados con la Secretaría de Gobernación. En una conversación correspondiente a febrero, Hernández Casillas cuestiona decisiones de la exfuncionaria y menciona un supuesto acuerdo para mantener determinada información en secreto.
"Habíamos quedado en que no iba yo a decir nada de esto, de Gobernación", expresa el empresario en uno de los videos difundidos por Latinus.
Otro de los aspectos señalados en la investigación es la presunta influencia que Hernández Casillas habría ejercido sobre la estructura administrativa del organismo electoral. Según el reportaje, el contratista habría contado con funcionarios cercanos colocados en posiciones estratégicas, desde las cuales presuntamente podía intervenir en procedimientos de contratación y mantener comunicación con proveedores.
En una de las conversaciones, el empresario hace referencia a 62 plazas dentro del INE y menciona a Iliana Araceli Hernández, exfuncionaria cercana a Taddei. Sus declaraciones sugieren que tenía conocimiento de movimientos de personal y de posibles acuerdos relacionados con la asignación de puestos.
El empresario también asegura que una mujer que anteriormente prestaba servicios personales a Taddei habría sido incorporada a la plantilla laboral del instituto. Sin embargo, estos señalamientos forman parte de las declaraciones del contratista y no constituyen, por sí mismos, pruebas concluyentes de contrataciones irregulares.
Hernández Casillas ha sido vinculado con Cajas Graf y otras compañías beneficiadas mediante contratos con organismos electorales. De acuerdo con investigaciones periodísticas anteriores, las empresas relacionadas con el empresario obtuvieron adjudicaciones millonarias durante las gestiones de Taddei en el instituto electoral de Sonora y posteriormente en el INE.
Los nuevos materiales se suman a otras grabaciones difundidas desde octubre, en las que se documentó la cercanía entre la exfuncionaria y el contratista, así como conversaciones relacionadas con cifras de contratos, posibles beneficios económicos y decisiones administrativas.
El caso también ha provocado movimientos en las instituciones encargadas de supervisar el uso de los recursos públicos. El pasado 4 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre la incorporación de 25 personas físicas y 15 personas morales relacionadas con proveedores electorales a su Lista de Personas Bloqueadas, ante la detección de operaciones financieras que requieren investigación.
Diversos reportes periodísticos han señalado que Taddei y los hermanos Hernández Casillas estarían entre las personas afectadas por estas medidas. No obstante, la UIF no ha confirmado públicamente sus identidades, debido al carácter reservado de dicha información. El bloqueo de recursos constituye una medida administrativa preventiva y no implica una determinación de responsabilidad penal.
En paralelo, el Consejo General del INE aprobó el 5 de noviembre solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el organismo entre 2016 y 2026. La medida busca esclarecer posibles irregularidades en la asignación de recursos y fortalecer los mecanismos de supervisión institucional.
La difusión de los videos abre nuevos cuestionamientos sobre los controles internos del organismo electoral y la posible intervención de intereses particulares en decisiones relacionadas con recursos públicos y nombramientos administrativos.
Aunque las grabaciones exhiben un conflicto entre Taddei y Hernández Casillas, así como declaraciones que apuntan a posibles prácticas de presión e influencia, corresponderá a las autoridades determinar la autenticidad, el contexto y el alcance jurídico de los materiales, además de establecer si existieron conductas constitutivas de delito.
El caso ha trascendido la relación personal y comercial entre una exfuncionaria y un proveedor, al colocar bajo escrutinio la transparencia de las contrataciones públicas y la independencia administrativa de una de las principales instituciones electorales del país. La investigación y las auditorías serán fundamentales para esclarecer si las presuntas irregularidades formaron parte de una red de corrupción o si los señalamientos carecen de sustento suficiente.