Amílcar Olán pidió amparo tras detectar presencia de la FGR y militares cerca de su casa
Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cercano a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, promovió desde marzo pasado un juicio de amparo ante el temor de que existiera una orden de aprehensión en su contra, luego de reportar la presencia de personas con distintivos de la Fiscalía General de la República (FGR) y otras con uniformes militares en las inmediaciones de su domicilio en la Ciudad de México.
De acuerdo con la demanda presentada por el empresario, el episodio ocurrió el 3 de marzo de 2026, cuando sujetos uniformados y armados habrían permanecido cerca de la privada donde reside, tomado fotografías y preguntado por su ubicación. A partir de esos hechos, Olán consideró que podía existir una acción de las autoridades para localizarlo y eventualmente detenerlo.
El empresario acudió a la justicia federal el 23 de marzo mediante lo que comúnmente se conoce como un “amparo buscador”, recurso utilizado para solicitar a un juez que consulte a distintas autoridades sobre la existencia de una posible orden de aprehensión.
Como parte del procedimiento, el juez Primero de Distrito en Materia Penal, Carlos Alberto Rico, solicitó información a 10 instancias. Las autoridades consultadas negaron tener una orden de aprehensión vigente contra Olán en los términos planteados en el juicio, por lo que el caso fue sobreseído el 28 de mayo.
La resolución no significa que el empresario haya quedado excluido de cualquier investigación presente o futura, sino únicamente que las autoridades consultadas no reportaron en ese momento la existencia de la orden reclamada. Tampoco el expediente acredita que las personas que estuvieron cerca de su domicilio tuvieran efectivamente la intención de detenerlo.
El caso vuelve a cobrar relevancia en medio del escrutinio sobre actividades empresariales vinculadas al entorno de Olán. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Anticorrupción y Buen Gobierno cuentan con información relacionada con el empresario.
En este contexto se encuentra también el caso de Portacelis Gas and Oil, empresa que tuvo como administrador a Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado como operador de confianza de Olán. Según información difundida por Reforma, el Servicio de Administración Tributaria presentó el 25 de marzo una declaratoria de perjuicio ante la FGR por presuntas irregularidades relacionadas con 139 pedimentos de importación de combustibles efectuados durante 2025.
La autoridad fiscal calculó en más de 834 millones de pesos el monto de impuestos y derechos presuntamente omitidos y solicitó proceder penalmente contra cinco personas relacionadas con las operaciones. Sin embargo, en ese expediente no se formularon cargos contra Amílcar Olán ni contra De la Cruz Murillo.
La demanda de amparo revela que, desde marzo, Olán contemplaba la posibilidad de enfrentar una acción judicial y buscó determinar si alguna autoridad había solicitado su captura. Hasta la resolución emitida en mayo, las instituciones consultadas habían negado la existencia de una orden de aprehensión en su contra.