Sheinbaum pone bajo la lupa al INE y exige investigar presunta corrupción en gestión de Taddei
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este viernes 23 de octubre que no debe existir ninguna sospecha de corrupción dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que surgieran señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés relacionados con la gestión de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal fue cuestionada sobre las investigaciones y controversias que involucran al organismo electoral, particularmente por sus relaciones comerciales con empresas proveedoras de materiales utilizados en los procesos electorales.
“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE, eso pienso”, declaró Sheinbaum, quien insistió en que deben realizarse las revisiones necesarias para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La polémica surgió después de que diversas investigaciones periodísticas señalaran posibles vínculos entre funcionarios y excolaboradores del instituto con empresas beneficiadas mediante contratos para el suministro de materiales electorales. Entre los aspectos cuestionados se encuentran posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación.
De acuerdo con la información difundida, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene investigaciones relacionadas con siete empresas proveedoras del organismo, algunas presuntamente vinculadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas. Las indagatorias buscan determinar si existieron operaciones irregulares o mecanismos para simular competencia en la adjudicación de contratos.
Ante estos señalamientos, Sheinbaum sostuvo que la autonomía del INE no debe interpretarse como una excepción a los mecanismos de fiscalización, especialmente cuando se trata de recursos provenientes del presupuesto público.
“Deben hacerse las auditorías que se tengan que hacer, pero no debe haber ninguna sombra de corrupción en ningún lado del país, y tampoco debe haberla en el Instituto Nacional Electoral”, puntualizó.
La presidenta también destacó la importancia de proteger la credibilidad de la institución encargada de organizar las elecciones en México. Sin embargo, señaló que defender al organismo no significa impedir que se investiguen posibles irregularidades en su funcionamiento.
“Entre todas y todos tenemos que cuidar al Instituto Nacional Electoral”, expresó, al tiempo que cuestionó las movilizaciones realizadas en años anteriores bajo la consigna “El INE no se toca”, al considerar que respondían a intereses particulares.
Por su parte, Guadalupe Taddei ha rechazado las acusaciones y ha manifestado su disposición a que las autoridades competentes revisen las contrataciones del organismo. Asimismo, anunció medidas para fortalecer la transparencia institucional y sostuvo que los señalamientos no deben utilizarse para debilitar la confianza ciudadana en el instituto.
La controversia también ha provocado reacciones entre representantes de partidos políticos de oposición, quienes han solicitado que Taddei se separe temporalmente de sus funciones o presente su renuncia mientras se esclarecen las investigaciones.
No obstante, Sheinbaum evitó exigir directamente la salida de la consejera presidenta y dejó esa decisión en manos de la propia funcionaria, al considerar que lo fundamental es garantizar que los señalamientos sean investigados mediante los procedimientos correspondientes.
El caso ocurre en un momento importante para el INE, que se prepara para los procesos electorales de 2027. Las acusaciones han abierto un nuevo debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad de las autoridades encargadas de garantizar la legalidad de las elecciones.
Hasta el momento, los señalamientos difundidos no constituyen por sí mismos pruebas concluyentes de actos de corrupción, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades y establecer las responsabilidades que procedan.
La postura del Gobierno federal coloca nuevamente bajo escrutinio público el manejo de los recursos del INE, mientras crece la exigencia de esclarecer las contrataciones cuestionadas y preservar la confianza en las instituciones electorales del país.