México, entre los países con mayor retroceso en Estado de derecho durante 2026
México se encuentra entre los países que registraron un mayor deterioro en el Estado de derecho durante 2026, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización internacional World Justice Project (WJP). El informe revela un debilitamiento de las instituciones, dificultades en el acceso a la justicia y problemas persistentes relacionados con la corrupción, la seguridad y los límites al poder gubernamental.
Según los resultados publicados el 21 de octubre, México descendió cuatro posiciones en la clasificación mundial, al pasar del lugar 121 en 2025 al 125 en 2026, entre 143 países evaluados. Además, obtuvo una calificación general de 0.39 en una escala de cero a uno, donde las puntuaciones más altas representan un mayor respeto al Estado de derecho.
El resultado confirma una tendencia negativa que se ha mantenido durante los últimos años. Entre 2021 y 2026, la puntuación del país disminuyó 8.4%, lo que refleja un deterioro sostenido en distintos aspectos relacionados con el funcionamiento de las instituciones públicas y la protección de los derechos ciudadanos.
Uno de los indicadores más preocupantes corresponde al sistema de justicia penal, que registró una caída de 21.2% durante los últimos cinco años. En este apartado, México obtuvo apenas 0.22 puntos y se ubicó en la posición 139 de 143 países, una de las calificaciones más bajas de toda la evaluación.
El estudio también identificó deficiencias importantes en materia de corrupción. En el indicador que mide la ausencia de prácticas corruptas dentro de las instituciones públicas, México recibió una puntuación de 0.26, situándose en el lugar 135 a escala mundial. Este resultado evidencia los desafíos que enfrenta el país para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las leyes.
Otro de los aspectos evaluados fue la capacidad de las instituciones para establecer límites al ejercicio del poder gubernamental. En esta categoría, México obtuvo 0.39 puntos y ocupó la posición 109 del mundo, después de registrar una disminución de 11.6% respecto a 2021. El indicador considera la existencia de mecanismos de supervisión, contrapesos institucionales y controles sobre las autoridades.
En materia de orden y seguridad, el país alcanzó una puntuación de 0.50 y se colocó en el puesto 132 de la clasificación mundial. La evaluación contempla aspectos relacionados con la protección de la población frente a la delincuencia, la violencia y otros factores que afectan la seguridad de las personas.
Por otra parte, el apartado de derechos fundamentales registró una calificación de 0.46, mientras que el de justicia civil obtuvo 0.34 puntos. Ambos resultados reflejan dificultades para garantizar la protección efectiva de los derechos individuales y el acceso a mecanismos legales que permitan resolver controversias de manera justa y eficiente.
Dentro de América Latina y el Caribe, México ocupó la posición 28 de 32 países evaluados. Asimismo, entre las 44 economías clasificadas como de ingreso mediano alto, quedó en el lugar 43, lo que evidencia su rezago frente a otras naciones con características económicas similares.
El deterioro del Estado de derecho no es exclusivo de México. El informe del World Justice Project señala que el 62% de los países analizados registró retrocesos durante el último año, mientras que únicamente el 38% presentó mejoras. Con estos resultados, la organización documentó el noveno año consecutivo en el que los países con retrocesos superaron a aquellos que consiguieron avances.
Entre los factores asociados con esta tendencia internacional destacan el debilitamiento de los mecanismos de control del poder, las restricciones a determinadas libertades y la creciente interferencia gubernamental en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Los resultados de 2026 representan un nuevo llamado de atención sobre los desafíos institucionales que enfrenta México. La persistencia de la corrupción, los problemas de seguridad y las deficiencias del sistema judicial continúan siendo obstáculos para fortalecer la confianza ciudadana, garantizar el cumplimiento de las leyes y consolidar un Estado de derecho efectivo.
La evaluación del World Justice Project pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la independencia de las instituciones, mejorar el acceso a la justicia y garantizar que las autoridades actúen dentro del marco legal, en un contexto internacional donde la protección de los derechos y los contrapesos democráticos enfrenta desafíos cada vez mayores.